El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, tras conocerse que la empresa que comparte con su pareja obtuvo hasta 64 contratos públicos en municipios gobernados por el PSOE para gestionar los llamados 'puntos violeta'. Unas adjudicaciones con las que habrían facturado alrededor de 250.000 euros en dos años. La nueva directora será Cristina Hernández, según ha podido confirmar laSexta.
Tras avanzar la semana pasada 'El Español' la información sobre García, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, optó en un primer momento por "darle tiempo" para que diera explicaciones. Sin embargo, Sumarpidió ya el jueves su cese inmediato. García, por su parte, se defendió asegurando cumplir con la ley de altos cargos y alegando tener menos del 10% de las acciones, puesto que vendió el resto a su pareja, mientras amenazaba con emprender acciones legales contra el citado periódico.
Los 'puntos violeta' son espacios para denunciar agresiones machistas donde se acompaña y atiende a las víctimas y que funcionan también como punto de información sobre cómo actuar frente a este tipo de violencia. A la polémica de los contratos que obtuvo para su gestión, se suma el hecho de que García no acreditó formación reglada en materia de Igualdad para su nombramiento, tal y como desveló Antonio Maestre el pasado viernes en laSexta.
Así, García fue designada para uno de los puestos más importantes del Ministerio de Igualdad sin tener formación oficial en la materia: en su currículum solo aparecen dos cursos online de 65 horas del propio Instituto de las Mujeres, además de un curso privado de conciliación laboral de una escuela privada.
García habla de "cacería" y niega usar su cargo para enriquecerse
Isabel García, por su parte, ha denunciado una supuesta "cacería" contra su persona, ha negado haber utilizado su cargo para enriquecerse y ha vinculado la destitución a sus críticas a la ley trans. En un comunicado publicado en la red social X, ha anunciado que hará valer todos sus derechos "para dejar claro" que su conducta y la de su mujer, Elisabeth García, se ha "ajustado siempre a derecho" y que por eso no ha dimitido.
"Tengo la conciencia muy tranquila de no haber utilizado nunca mi cargo para enriquecerme, ni poco ni mucho, ni para favorecer a mi esposa. (...) Siento el injustísimo daño que debe asumir en su actividad profesional quien no ha hecho nada ilícito, por la sola circunstancia de que su cónyuge sea alto cargo", ha asegurado.
García ha sostenido que su cese está motivado por "pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos lícitos" y que en su caso se ha confundido la libertad de información con un "instrumento hábil para destruir al adversario político".
Ha insistido en que la "cacería" contra su persona no tiene que ver con ilegalidades o irregularidades "que nadie ha llevado a ningún juzgado", sino que ha estado "larvada" desde su nombramiento "por no compartir una visión íntegra de la ley trans" y ha sido espoleada por "sectores que pretenden deslegitimar las políticas de igualdad". Por último, ha agradecido la confianza depositada en ella durante estos meses y se ha comprometido a seguir luchando por la igualdad allá "donde esté".