Tras una frenética semana de reuniones, amenazas y rumores, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne hoy para abordar la renovación del Constitucional sin ningún nombre sobre la mesa y con nulas esperanzas de alcanzar un acuerdo antes del 13 de septiembre, como dicta la ley.

Y ello pese a que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, trata de impedir desde hace días la conjura de un grupo de ocho vocales del sector conservador, que han decidido que primero es necesario establecer las "reglas del juego" antes de negociar.

Fuentes jurídicas afirman que el pleno "podría durar 10 minutos" ya que los conservadores no pondrán ningún nombre sobre la mesa porque argumentan que nadie quiere ir al TC, si bien los progresistas desmienten este planteamiento porque hay "magistrados de un lado y del otro" dispuestos a postularse.

En un principio, Lesmes planteó la opción de un segundo pleno antes del día 13 para alcanzar un acuerdo y así cumplir con la ley pero tras los contactos de las últimas horas, ahora no convocará un nuevo pleno si no tiene antes garantizado un tándem con los dos magistrados candidatos, un progresista y un conservador.

Así las cosas, todos aceptan ya que es más que previsible que no se cumpla con lo dictado por la ley, un escenario que no sentará nada bien en el Gobierno dado que no barajaba otro posibilidad que no fuera cumplir con la legalidad vigente y acordar en el pleno de mañana los nombres de los magistrados.

Pero desde filas conservadoras destacan que es el Ejecutivo el primero que no cumple con la legalidad al llevar casi cuatro años con un CGPJ en funciones y limitado sin poder hacer nombramientos.

La posición de los conservadores desafía el planteamiento de Lesmes, que esta semana dijo que se opone a que el Consejo "se declare en rebeldía" y que ha asumido esta cuestión como una prioridad absoluta, al margen de que esté totalmente en desacuerdo con la reforma impulsada por el Gobierno para devolver al CGPJ su potestad para hacer nombramientos en el TC, no en el Supremo.

Prueba de ello, es que ayer mismo Lesmes dijo que si dimite por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo, lo haría siempre y cuando hubiera culminado la renovación del Constitucional o, al menos, estuviera muy encarrilada, según fuentes jurídicas.

Sin embargo, el asunto no apunta a una pronta resolución. Y ya los bloques progresistas y conservador no esconden sus cartas. Los progresistas trabajan para lograr un consenso que saque adelante los nombramientos, en línea con lo manifestado públicamente por Lesmes, si no es este jueves si antes del 13 de septiembre.

Este grupo sostiene que los vocales están vinculados por ley y que no pueden hacer oposición al Gobierno ni al Parlamento, por mucho que se pueda discrepar con la reforma aprobada por el Congreso que devuelve las competencias al Consejo para nombrar a los magistrados del TC.

Lesmes avala esta tesis por lealtad institucional. Su estrategia pasa por conseguir, al menos, la mayoría que avaló recientemente a Álvaro García Ortiz como fiscal general el Estado, esto es, sumar los 12 votos que permiten renovar el tribunal de garantías, pero por el momento solo tienen garantizados 11.

Los otro ocho son los críticos, siete de los cuales se opusieron al nombramiento de García Ortiz y cuya posición ha dado un vuelco en las últimas 24 horas, tras la cena mantenida el pasado martes. Este grupo ha dado un paso atrás apostando ahora por consensuar un acuerdo para los nombramientos, siempre y cuando se pacten "unas reglas del juego" y "se respeten los tiempos de decisión del Consejo".