Cifuentes presentó la querella contra Granados por las declaraciones de éste el pasado lunes ante el juez instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, en las que aseguró que la presidenta conocía una "caja b" con la que se pagaron gastos de "refuerzo" de la campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011.
La querella de Cifuentes ha sido interpuesta por un abogado particular y sin la intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Se fundamenta en la vulneración de los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal y exige responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal.
El escrito señala que las declaraciones de Granados no se basan en "el legítimo ejercicio del derecho de defensa", sino que suponen "un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria", según las mismas fuentes.
La querella estima que las manifestaciones de Granados responden también al tipo penal de la calumnia al "pretender" relacionar a Cifuentes "con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".
En sus declaraciones, Granados comentó que Cifuentes mantenía una estrecha relación con el expresidente madrileño Ignacio González.
Por ello, la querella apunta a un posible delito contra la integridad moral al entender que ha habido "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes".
