La defensa de la exconsellera Clara Ponsatí, reclamada por sedición a raíz de su participación en el referéndum ilegal independentista, ha comparecido ante la Justicia inglesa, que decidirá sobre su extradición a España.

El abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, ha leído un comunicado en que ha nombrado a los políticos del Partido Popular y del PSOE que propondrá para que testifiquen en el proceso, como Mariano Rajoy o Pedro Sánchez.

Entre ellos están, también, Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro de Exteriores de Rajoy, José Manuel García-Margallo; el exresponsable de Exteriores socialista Josep Borrell; el titular de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Clara considera surrealista que sea acusada de traición cuando el gobierno catalán ejecutó una ley votada democráticamente en el Parlamento catalán elegido por el pueblo catalán", ha expresado Anwar, que reiteró la estrategia que sigue la defensa de que la causa está "motivada políticamente" y que de ser extraditada no tiene garantizado "un juicio justo".

La Fiscalía escocesa, que actúa en representación de España, ha considerado que la actuación de la exconsellera de la Generalitat "podría constituir el delito de traición" que se contempla en su código penal.

El abogado ha asegurado que los procesos judiciales abiertos contra los líderes del 'procés' "están impulsados por la venganza y el desprecio total y la falta de respeto por el derecho internacional y los derechos humanos".

Por ello, ha agregado que su equipo legal pretende citar a los responsables políticos "cuyas opiniones sobre los juicios políticos de los catalanes son de dominio público".

Reclamada por sedición

El pasado 8 de noviembre, Reino Unido reactivó la tramitación de la euroorden contra la exconsellera Clara Ponsatí después de que el juez Llarena remitiera la información complementaria que solicitaron.

El juez del Tribunal Supremo destacó en un escrito enviado a la Justicia inglesa que Ponsatí, junto al resto del Govern, dio pasos para facilitar la celebración del referéndum de independencia de Cataluña "pese a conocer la ilegalidad y nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos".

Llarena recordó que Ponsatí era consejera de Enseñanza y que, como tal, el 6 de septiembre de 2017 firmó el decreto por el que se convocaba el referéndum, pese a las resoluciones del Constitucional que lo habían declarado nulo y que habían advertido a los miembros del Govern de las consecuencias penales si se continuaba con el 'procés'.

El 29 de septiembre de 2017, continuaba el escrito, dio instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de la comunidad, que dependían de ella, para que fueran utilizados como colegios electorales el 1-O, y lo hizo también "con pleno conocimiento" de que el Constitucional había suspendido el decreto de convocatoria de la consulta.

El juez destacó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado además a las fuerzas policiales que procedieran al cierre de los centros de votación e impidieran el referéndum y que el 28 de septiembre los responsables de los Mossos habían alertado al Govern de que "era probable una escaldada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como finalmente ocurrió".

En resumen, Ponsatí, en su condición de autoridad pública y en ejercicio de sus funciones en Cataluña, el 6 y el 29 de septiembre de 2017 "desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional del Reino de España, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" y tomó medidas para celebrar el referéndum.

"Todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente", concluyó el escrito.