El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Balears, que impulsa el PP, y que en la práctica supone liquidar, en el plazo de seis meses, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
Con esta medida, Baleares se convierte en la primera Comunidad Autónoma que elimina un organismo de estas características. Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales. En la oficina de lucha contra la corrupción los ciudadanos podían, por ejemplo, poner denuncias de forma anónima para investigar cualquier tipo de irregularidades. Ahora, las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. Es decir, los ciudadanos tendrán que firmar con su nombre.
Los cambios de la ley
Pero los cambios en la nueva ley de transparencia no se quedan ahí. Si un diputado tiene un chalet, un coche o acciones en bolsa será más difícil saberlo. Y es que las declaraciones de sus bienes ya no se podrán consultar con tanta facilidad.
Tòfol Milán, director de la oficina de lucha contra la corrupción comentó durante el pleno que "en Baleares desde que se creó la oficina hemos recibido 532 denuncias. De las comunidades con oficina anticorrupción somos el que tenemos el mayor número de denuncias por habitante. Esto es un retroceso". Mientras, en el PP defienden que la oficina no estaba funcionando y serán ellos quienes decidan que se hace con las denuncias que estaban en marcha.
La diputada del PSOE en Baleares, Pilar Costa, ha echado en cara al PP que sea la primera comunidad autónoma que elimina la oficina anticorrupción: "La señora Prohens no ha podido soportar que haya una investigación en la que ella y sus familiares pudieran ser investigados".