El Senado votará y previsiblemente aprobará este jueves el proyecto de ley que protegerá a las personas que informen sobre casos de corrupción e infracciones en sus empresas o en la administración. La mayoría de los grupos parlamentarios mostraron el miércoles su apoyo a la norma, que deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva tras la introducción de enmiendas. Estas son las principales medidas:

Hasta un millón de euros por represalias

Para evitar represalias contra quienes informen de infracciones normativas, habrá multas de desde 1.001 euros por la comisión de faltas leves hasta un millón de euros en caso de las consideradas muy graves. Para estas últimas, la ley contempla además la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años y el veto a contratar con el sector público durante hasta tres años.

Sistemas internos para denuncias

Estarán obligados a tener sistemas internos de recepción de denuncias de corrupción los siguientes entes privados y públicos: empresas de más de cincuenta trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos; universidades, sociedades y fundaciones que integran el sector público, corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales. La implantación de dichos sistemas de información, o la adaptación de los ya existentes, deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la norma.

Una autoridad independiente para proteger

Se creará la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un canal autónomo, complementario al interno de cada institución, mediante el que se podrán presentar denuncias anónimas, aunque los cauces internos de cada empresa o institución tendrán carácter preferente. La información, aportada con garantía de confidencialidad, podrá comunicarse por correo postal, por los medios electrónicos habilitados, por teléfono o por mensajería de voz.

Cualquiera podrá denunciar

Con las garantías de confidencialidad y la aplicación de la directiva tanto en el ámbito público como en el privado, cualquier persona -sea funcionario público o no- podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca. Su identidad, sea cual sea la vía por la que informe, podría ser comunicada únicamente a la Justicia en el marco de una investigación.

Registro de informaciones

Cada empresa, partido político o cualquier organización con un canal interno de informaciones, deberá contar también con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a las que hayan dado lugar. Este registro no será público y solo podrá accederse a su contenido a petición de la autoridad judicial competente, en el marco de un procedimiento y mediante un auto razonado. Los datos personales de quienes aporten la información solo se conservarán el tiempo necesario para la investigación, en ningún caso más de diez años.

Adaptación de la normativa europea

Esta nueva ley de protección a denunciantes de corrupción es la transposición o adaptación de una directiva europea aprobada en octubre de 2019 y que tenía que estar plasmada en la legislación nacional desde diciembre de 2021. Ante este retraso, la Comisión Europea abrió en febrero de 2022 un procedimiento de infracción contra España y otros veinticinco Estados miembros.

Carácter retroactivo de la protección

Como consecuencia del punto anterior, cualquier denuncia llevada a cabo desde la entrada en vigor de la directiva europea en 2019 y hasta la aprobación de la norma se ampara en ella. Así, la ley penará con carácter retroactivo las posibles represalias sobre informantes de corrupción producidas durante dicho período.

¿Graves deficiencias?

La Red Internacional de Denuncias WIN (Whistleblowing International Network) y la organización de apoyo a investigaciones de mala conducta empresarial y abusos de derechos humanos The Signals han alertado de "graves deficiencias" en el proyecto de ley, pues, opinan, "solo protege la denuncia de delitos graves y muy graves". Así, algunos grupos políticos defendieron ayer en el Senado una serie de enmiendas a la norma a propuesta de WIN, que opina que, de ser aprobado el proyecto en su actual versión, la ley "podría ser desastrosa para los informantes".