La presión migratoria en las Islas Canarias llevó este lunes a su presidente, Fernando Clavijo, a activar a sus servicios jurídicos para estudiar la supuesta "dejación de funciones" que observa por parte del Gobierno de España a la hora de amparar a los menores que llegan a sus costas. De hecho, este martes ha continuado mostrándose muy duro contra el Ejecutivo, pero también contra su predecesor y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al que acusa de haberse negado a negociar con el Partido Popular (PP) la reforma de la Ley de Extranjería que permitiría el reparto de menores migrantes en distintas regiones, y por tanto, un alivio para la canaria.

De hecho, los de Alberto Núñez Feijóo se opusieron a su admisión a trámite en el Congreso, a pesar, eso sí, de compartir Gobierno autonómico con la formación de Clavijo, Coalición Canaria. Algo que a ojos del actual dirigente regional no se hubiera dado, pero "se quiso jugar a a política". Cuestión que argumenta en que "fue el ministro Ángel Víctor Torres quien no quiso sentarse con el PP a negociar los cuatro puntos que planteaban".

Un encuentro que de haberse celebrado habría evitado esta situación, según ha apuntado Clavijo este martes en una entrevista Onda Cero, donde también ha negado proteger al PP. En esa línea, ha lamentado que tanto Gobierno como oposición "están utilizando el drama de migración como un elemento de desgaste político", mientras ha considerado que lo que deben de hacer es sentarse "para llegar a una solución". En definitiva, a "un acuerdo de país"que también exigió el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

La crítica a este juego político, también ha llevado al dirigente canario a explicar que se pidió al Ministerio de Infancia que dirige Sira Rego una reproducción de cómo sería el reparto de menores, sin embargo, todavía no ha llegado: "No me cabe en la cabeza que en un mes un Ministerio no sea capaz de no hacer una simple simulación", ha criticado Clavijo. Algo que puede servir como argumento en sus acusaciones al Ejecutivo central de dejación de funciones.

Un "debate jurídico que se podía haber tenido, y que se va a tener ahora necesariamente dada la actitud del Estado", ha dicho Clavijo este martes de forma contundente. En esa línea, ha recordado que "en septiembre del año pasado, cuando empezaron a llegar masivamente, el Gobierno estaba en funciones (...) y en aras a esta situación la comunidad autónoma fue comprensiva" en términos de "lealtad institucional".

Ahora, en cambio, "lo que no puede ocurrir es que se normalice una situación o se deje que Canarias asuma toda la migración del sur del Europa", así que la región, "no va a seguir asumiendo la tutela y guarda de los menores", sino que "será el Estado quien tenga que habilitar los recursos por la vía de emergencia", tal y como han hecho desde el Gobierno autonómico, ha sentenciado Clavijo.

Para el Gobierno, Clavijo "se está equivocando"

La actitud de Clavijo, no obstante, no está gustando en el Gobierno central. Fuentes cercanas aseguran a laSexta que el presidente canario "se está equivocando" al considerar que el Ejecutivo central es "el único que ha tendido la mano de Canarias", al que sostiene que "no puede hacer mucho más sin aval del Parlamento". Donde enfatizan que si sus socios "hubieran aceptado la toma en consideración de la Ley de Extranjería no estaríamos en este punto". Algo que a ojos de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue una decisión tomada "en una absoluta irresponsabilidad".

La ministra, además ha insistido en que las "competencias de los menores están en las comunidades autonómicas", mientras que "lo que ha hecho el Gobierno de España es poner todos los recursos posibles para que los puedan atender de mejor manera. En esa línea, Rodríguez ha querido "mandar un mensaje de tranquilidad", al sostener que "los ministerios competentes entrarán en conversación con el Presidente [canario]", puesto que las competencias están "definidas" y este "es un asunto que no se puede despachar a golpe de titulares".