El CNI pidió al Tribunal Supremo investigar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque creía que era quien dirigía a los Comitès de Defensa de la República (CDR). Así lo revelan los autos desclasificados por el Gobierno en relación con el sistema de espionaje Pegasus, según ha podido saber laSexta.
Dichos autos apuntan a que el president catalán habría dirigido a los CDR desde la "clandestinidad" cuando era el vicepresidente de la Generalitat en el Govern de Quim Torra.
La intervención del teléfono de Aragonès por parte de los servicios de inteligencia se hizo con el aval del magistrado del Supremo Pablo Lucas, que controla las actividades del CNI. Fuentes del Supremo a laSexta señalan que este magistrado "no dirige las investigaciones de los servicios secretos, no es un juez instructor y no recibe la información conseguida por los servicios secretos, cuyo destinatario es el Gobierno".
Este juez lo que sí hace es autorizar las intervenciones de comunicaciones o entradas en domicilios como juez de garantías y testa si esas peticiones se ajustan a la ley 11/2002, que regula el funcionamiento del CNI, y a las directivas de inteligencia que aprueba el Consejo de Ministros.
La información sobre el espionaje al president de la Generalitat se ha hecho pública en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona tras la querella presentada por Aragonès por el caso de espionaje con 'Pegasus'. Este viernes, declara como investigada en la causa la exdirectora del CNI Paz Esteban.
El Gobierno culpa al PP
Fuentes del Gobierno a laSexta culpan de las escuchas al PP, asegurando que "traen causa de operaciones iniciadas por el CNI" antes de que los socialistas llegasen a la Moncloa y que "contaron siempre con autorización judicial". "Ahora hay transparencia, garantías y Estado de derecho. Con el PP había guerra sucia y policías paralelas", declaran.
Añaden también que "ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar al Gobierno", y apuntan a que ha sido precisamente este Ejecutivo de Sánchez quien, en colaboración con la justicia y a petición de un juez, ha optado por desclasificar esta información.
"Esta información demuestra que ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia", sentencian las mismas fuentes.
Por su parte, Aragonès ha anunciado que hará declaraciones sobre el 'caso Pegasus' este mismo viernes por la mañana.