Ganaron dinero rápido y con facilidad y de la misma forma lo gastaron. Es lo que se desvela del escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso laSexta. Luis Medina, hijo de Naty Abascal y el duque de Feria, y su amigo Alberto Luceño lograron un "exagerado beneficio económico" según denuncia la propia Fiscalía, en el peor momento de la pandemia.
Era marzo de 2020 y España se paralizaba. Entraba en vigor el Estado de Alarma. Los sanitarios se veían desbordados, cientos de personas morían cada día. Mientras, dos grandes emprendedores hacían negocio con el ayuntamiento de Madrid para traer material sanitario de China. Mascarillas, guantes, test... en un momento en el que todos los países buscaban la forma de abastecerse.
Mascarillas, guantes y test de diagnóstico de COVID-19 que habrían costado al consistorio casi 12 millones de dólares, de los que inicialmente tres millones fueron a parar a Medina y hasta ocho millones a Luceño. Ambos se habrían llevado comisiones del 21% y del 49%, respectivamente, aunque posteriormente se devolvió una parte del material, razón por la que se redujeron finalmente las comisiones a seis millones de dólares (uno para Medina y algo más de cinco para Luceño).
Millones ganados rápidamente que no estuvieron mucho tiempo en sus bolsillos. La Fiscalía detalla en qué se gastaron Luis Medina y Luceño sus millonarias ganancias.
Medina, más conocido por su protagonismo en las revistas del corazón, adquirió un yate modelo Eagle 44 junto a su hermano por el que pagaron 325.515 euros. Poco después lo lucían en la revista Hola. Lo llamaban "el barco de los sueños de los Medina". Bautizado como 'Feria' en referencia al título nobiliario de su padre, el barco está inscrito en Gibraltar.
Con el dinero sobrante, Luis Medina adquirió diferentes tipos de bonos por valor de 400.000 euros.
Mientras, su amigo y socio, destinaba 60.000 euros a unas mini vacaciones en Marbella a razón de 10.000 euros la noche. Después Luceño se compró hasta tres Rolex y 12 coches de alta gama. Ferraris, Lamborgini, BMW... que tenía que guardar en algún sitio. Por eso invirtió también en una vivienda y tres garajes en Pozuelo de Alarcón por valor de un millón de euros.
¿Cómo contactaron con el Ayuntamiento de Madrid?
Según consta en la querella, Alberto Luceño se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de una empresa malaya, a través de la cual se iba a realizar la importación. Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. Pero lo cierto es que ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de la mencionada empresa. Por su parte, Medina se aprovechó de su amistad con un familiar de Almeida, alcalde de la ciudad.
Con esta fórmula se habrían firmado tres contratos con precios inflados que en realidad eran comisiones; precios que fijó Luceño e impuso al Ayuntamiento de Madrid amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Según el documento de Anticorrupción, al hacerlo, Luceño ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir.
"Mi familiar se limita a darle un correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid, que era el cauce oficial", ha explicado el propio alcalde Almeida.
Medina contactó con Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, que declaró como testigo en Anticorrupción.
¿A qué delitos se enfrentan?
La Fiscalía les imputa los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales como resultado de las diligencias de investigación incoadas en noviembre de 2020 por tres contratos por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción ha sidoadmitida a trámite por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid. Según el escrito formulado por el Ministerio Público. Con este nuevo paso, y entre otras diligencias, se acuerda que el magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos. Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.
Uno de ellos por una cuantía de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95, otro por 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 test rápidos, y otro de 5 millones para obtener 2,5 millones de pares de guantes.
Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos 4 de esos millones "por no ser el modelo acordado en la compra", según confirmó el Consistorio, que defendió al conocerse esta querella que los contratos se hicieron "en precio según oferta y demanda del momento".