La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado que interviniera en la concesión de subvenciones a entidades afines y ha defendido el interés público de esas ayudas, en su declaración ante el juez a raíz de una querella por malversación que la Fiscalía ve casi idéntica a la que ya archivó el año pasado.

Según han informado fuentes jurídicas, Colau ha declarado este viernes durante cerca de una hora ante el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, que no le ha formulado ninguna pregunta, y ha mantenido que las subvenciones municipales a entidades como la PAH o el Observatorio DESC ya se otorgaban en la etapa de su predecesor en la alcaldía, el convergente Xavier Trias.

Colau se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación ejercida por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, y solo ha respondido a su defensa y a la Fiscalía, que considera que los hechos de la querella son "en un 99,9%" idénticos a los de otra denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución que archivó en julio del año pasado y que firmaba el mismo bufete jurídico.

De hecho, el fiscal Anticorrupción ha aportado a la causa varios lápices de memoria con la información de los expedientes de subvenciones que requirió cuando investigó la primera denuncia, que archivó tras concluir que el hecho de que Colau no se abstuviera en las comisiones de gobierno que aprobaron las subvenciones podía ser infracción administrativa, pero no delito de prevaricación.

En declaraciones posteriores a la sesión, Colau ha asegurado que estaba "muy tranquila" ante la declaración porque no tiene "nada que esconder". "Salgo tranquila y contenta de la declaración, me he podido explicar bien. Estamos hablando de unos hechos de los que no hay caso", ha dicho.

En esta línea, la alcaldesa ha apuntado que "hay mala fe en los denunciantes" ya que "las dos asociaciones tienen el mismo abogado": "Esperamos el archivo lo antes posible".

La alcaldesa, defendida por los abogados Olga Tubau y Alex Solà, ha reconocido en su declaración que no se abstuvo en las comisiones de gobierno que aprobaron las subvenciones porque no entendía que tuviera un interés personal en las mismas.

Tras el decreto de archivo en el que la Fiscalía apuntaba a su deber de abstenerse en las comisiones que aprobaban las subvenciones, ha explicado, hizo una consulta al secretario general del Ayuntamiento, que le indicó que no era necesario que se apartara.

Colau ha aclarado que nunca intervino en el proceso de tramitación de la concesión de las subvenciones -que hasta 2020 se otorgaron de forma directa fundamentado en la excepcionalidad de proyectos de interés social o económico- y se limitó a dar luz verde, en el seno de la comisión de gobierno del Ayuntamiento, a la propuesta plantada por el área.

Según la alcaldesa, las subvenciones se otorgaron de forma directa hasta el año 2020, sin que la Intervención General planteara objeciones en sus informes previos, tal y como se venía haciendo cuando ella accedió a la alcaldía de Barcelona, en el año 2015, tras la etapa de Xavier Trias.

Colau ha admitido que, en su informe anual, la Intervención General sí planteó entre sus recomendaciones la necesidad de que la concesión de ese tipo de subvenciones nominativas se incluyera en los presupuestos municipales, por lo que así se hizo en las cuentas del año 2020.

La alcaldesa ha defendido también el interés público de las subvenciones otorgadas, entre ellas la de la PAH, plataforma que lideró antes de dar el salto a la política: se trataba de una entidad necesaria que nació de la incapacidad de las administraciones de dar respuesta a una feroz crisis de vivienda, ha justificado.