El abuelo de Purificación López fue asesinado el 17 de abril de 1939 en Castilblanco, una vez terminada la Guerra Civil: "Unos paisanos del pueblo vestidos de falangistas habían hecho unas trincheras para la guerra, y allí los asesinaron y los tiraron". Llevan 12 años buscándole. Su padre, ya con 91 años, continúa con esperanza. "Daría la mitad de lo que le queda de vida por localizar a su padre", ha asegurado Puri.

Las víctimas del franquismo esperan que las nuevas cuentas del Ejecutivo cumplan con sus reclamos. "El Estado es el que lo tiene que asumir y responsabilizarse en última instancia", considera Puri. En este proyecto de los Presupuestos se contempla destinar más de 11 millones a la Memoria Histórica. Se plantea un plan cuatrienal de fosas que contará con el mayor sustento económico.

"El 60% del presupuesto irá destinado a las fosas", ha destacado Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática. Pero ¿quién va a llevar a cabo este plan? Martínez asegura que este proceso "lo liderará el Estado", y ha añadido: "Hablamos de municipios y comunidades autónomas bajo la coordinación y la intervención directa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática".

Desde el año 2000, se ha conseguido desenterrar más de 9.000 cuerpos. En esta línea, la pretensión del Gobierno con este plan es "exhumar en torno a 20.000 cadáveres", según ha continuado explicando Martínez. Pero además de las exhumaciones, el dinero del Presupuesto también irá destinado a la creación de un Banco Nacional de ADN, a la elaboración de una web del Valle de los Caídos y a la creación de un censo de víctimas, entre otras iniciativas.

"Tenemos que saber exactamente qué es lo que pasó y cuántas son las víctimas que hay", ha señalado el secretario de Estado de Memoria Democrática. En 2007, con el Gobierno socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, se contempló la primera partida presupuestaria destinada a reparar los horrores de la guerra. Ya en ese momento, Zapatero puso en valor la necesidad de que "los familiares de víctimas de la Guerra Civil puedan saber dónde están enterrados sus seres queridos".

Esa era, al menos, la intención hasta que en 2013, el presidente popular Mariano Rajoy redujo este presupuesto a cero. Tanto memorialistas como organismos internacionales humanitarios reclamaban desde hace años que se trate la memoria democrática como una cuestión de estado.