El Gobierno ha comenzado a mover fichas para frenar y hacer frente a los pisos turísticos ilegales y los contratos temporales fraudulentos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, ha anunciado que el próximo 2 de enero de 2025 se pondrá en marcha un registro y ventanilla única para controlar el mercado del alquiler de corta estancia.
Pero, ¿en qué consiste esta medida del Ejecutivo? Con esta ventanilla única digital de arrendamientos el Ejecutivo busca regular la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración y avanza que será imposible comercializar los alquileres turísticos que no cumplan con la normativa.
Esta ventanilla, que se va a conectar con la ventanilla única europea, va a permitir perseguir el fraude de los alquileres turísticos, temporales y de habitaciones. "Nadie discute que hay que poner orden al alquiler turístico", señaló la ministra, partidaria de prohibirlos y que tacha de valiente al alcalde de Barcelona por actuar en este sentido.
Este reglamento, que se va a publicar en la Audiencia Pública, y que quedó pendiente de su desarrollo en la Ley de Vivienda, ha recibido más de 100 aportaciones desde que se anunció su puesta en marcha y estará listo antes de que finalice 2024, lo que convertirá a España en el primer país europeo en desarrollarla.
"La semana aprobábamos su trámite de urgencia y estará listo antes de que finalice este año 2024. Este reglamento que estamos impulsando lo que pone son las claves para incrementar la información disponible en torno a los alquileres de corta duración con un registro único. Aquellas viviendas turísticas, de temporada, o comercialización de habitación, que no cuenten con este registro, que no hayan pasado por este registro, no podrán comercializarse en plataformas", explicó la ministra tras el Consejo de ministros de este martes.
Así, se va a contar con el apoyo del Registro de la Propiedad para dotarlo de seguridad jurídica y ofrecer un número, una matrícula, con una duración de 12 meses, para certificar que los alquileres cumplen con las normativas, las ordenanzas municipales y las licencias, al tiempo que se sabrá también las comunidades de vecinos que han prohibido los alquileres turísticos.
De esta forma, se busca incrementar la información disponible con un registro sin el cual no se van a poder comercializar estos alquileres en las plataformas. Si hay dudas se dará un plazo de 15 días a estos alquileres para subsanar la información requerida y de no ser así se suspenderá su registro y no se podrán comercializar.
Todas aquellas viviendas turísticas que no tengan este número verificado por los registradores, no van poder operar y dejarán de estar en el mercado y todo contrato de alquiler de temporada que no tenga una causalidad justificada, será un fraude y no podrá ofrecerse en las plataformas en línea.