Casi seis después de arrancar una ardua tramitación parlamentaria, el Congreso de los Diputados ha culminado finalmente este jueves la aprobación de la ley de amnistía, una polémica medida que ha marcado el inicio de la legislatura y que ahora ve definitivamente la luz, tras un pleno de alta tensión política, plagado de insultos.

La norma regresaba a la Cámara Baja después de ser aprobada allí ya el pasado mes de marzo y tras su paso por el Senado, donde el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para retrasarla todo lo posible.

No obstante, el PSOE y sus socios han levantado este jueves el veto de la Cámara Alta, con lo que la ley, que prevé amnistiar a cientos de encausados en el procés, recibe así luz verde definitiva. Lo hace con 177 'síes' -uno menos de lo previsto por la ausencia de una diputada de Podemos- y 172 votos en contra. Una vez se publique en el BOE, su aplicación quedará en manos de los jueces.

Pleno de alta tensión y lluvia de insultos

Aunque en las últimas semanas la cuestión de la amnistía había quedado relegada a un segundo plano, con el debate político copado por las acusaciones cruzadas de "corrupción" y "fango" entre Gobierno y oposición por la investigación a Begoña Gómez, el pleno de este jueves ha sido tremendamente bronco, marcado por un bochornoso espectáculo de insultos lanzados sobre todo desde la bancada de Vox.

La trifulca la empezaron los diputados de extrema derecha, que han protagonizado una dura bronca con los parlamentarios de Sumar con insultos y descalificaciones de todo tipo, incluso alguna alusión racista, obligando a paralizar el debate durante unos minutos y a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a reprobar este "espectáculo" y la "mala educación" de sus señorías.

Los diputados de Vox Manuel Mariscal (i) y Pedro Fernández (d) responden a un diputado del PSOE

Todo comenzaba cuando el líder de Vox ha defendido a Israel y ha acusado al que "le ha precedido en la tribuna", el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, de "odiar profundamente a España". Pisarello ha pedido la palabra para defender a Palestina y afear a Santiago Abascal que se haya reunido con "los carniceros de Rafah", en alusión a su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Entonces han comenzado los insultos por parte de la extrema derecha. Entre gritos de "fuera", la presidenta del Congreso ha recordado que "ser demócrata implica escuchar al que piensa diferente". "Es un espectáculo que la gente no se merece", ha lamentado, mientras llamaba al orden a dos diputados, del PP y de Vox, que se enzarzaban contra parlamentarios de la izquierda puestos en pie.

El pleno ha tenido que detenerse antes de la intervención del diputado del PSOE Artemi Rallo, que ha empezado su intervención tachando a Vox de "filonazis que se reúnen con Netanyahu". Además, ha advertido al PP sobre acabar devorado por "la bestia neofascista que recorre España y Europa"

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clamado en su turno contra la medida de gracia, aseverando que "hemos asistido al acta de defunción" del PSOE. "Hoy les decimos, desde la Constitución Española, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir", ha sentenciado el dirigente 'popular'.

A su vez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hacía su entrada en el hemiciclo una vez concluido el debate, ha abandonado rápidamente el Congreso tras la votación, durante la cual ha recibido gritos de "traidor", aunque ha confirmado su satisfacción ante los micrófonos de laSexta a su salida. Posteriormente, ha celebrado en sus redes sociales que "la convivencia se abre camino".

"Próxima parada: referéndum"

Por su parte, Esquerra Republicana y Junts, insólitamente unidos este jueves ante la aprobación definitiva de la norma, la han celebrado como una "victoria", pero han dejado claro que no es el final, sino que su próxima parada es el referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"Hoy es un día histórico. Hoy no se perdona, hoy se gana una batalla del conflicto que existe desde hace siglos entre la nación catalana y la nación española", ha proclamado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que ha incidido en que la amnistía "no es perdón ni clemencia", sino "una victoria democrática y colectiva".

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha interpretado la aprobación de la amnistía, además de como una "victoria", también como la "primera derrota del régimen del 78". "Próxima parada, referéndum. Visça Cataluña justa y libre. Hasta la victoria siempre", ha concluido.

Un largo periplo parlamentario

La legislatura echó a andar marcada precisamente por esta ley de amnistía, una medida que Pedro Sánchez había rechazado en campaña y que acabó accediendo a negociar con ERC y Junts al necesitar sus votos para la investidura, lo que desembocó en semanas de protestas ante la sede nacional del PSOE en Ferraz y la convocatoria de manifestaciones por parte de la oposición.

En las Cortes Generales, la ley ha tenido una tramitación tortuosa por la oposición frontal del PP y Vox, que han intentado frenarla tanto en el Congreso como en el Senado. En la Cámara Alta, los 'populares' han dilatado su procedimiento hasta el máximo de dos meses permitido por el reglamento.

Después de diversos informes de los letrados, unos a favor de tramitar la amnistía y otros en contra, y tras arduos debates y el inédito conflicto de atribuciones que planteó el Senado al Congreso y que finalmente fue retirado, la amnistía ha quedado aprobada y pasa ahora a manos de los jueces, que serán los encargados de resolver cada caso que se plantee en un margen de dos meses.

La aplicación, en manos de los jueces

La ley de amnistía, que sale además adelante con un incierto escenario de gobernabilidad en Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo, se tiene ahora que publicar en el BOE. A partir de ahí, su aplicación queda en manos de los jueces, de quienes dependerá que dirigentes independentistas como Carles Puigdemont puedan regresar a España sin riesgo de ser detenidos.

El ministro Félix Bolaños ha insistido en que el Gobierno apoya a los jueces y cree que deberán aplicar la ley de amnistía "con independencia, con rigor, con profesionalidad y con excelencia técnica", mientras que desde Sumar avisan de que los magistrados podrían cometer prevaricación si no lo hace. El PP, entretanto se prepara para dar la batalla en todos los frentes para tumbarla.