Vocales consultados reconocen que, aunque en esta ocasión llegaron a creer que iban a acabar su trabajo en el plazo marcado al ver la negociación entre el Gobierno y el PP, la previsible prórroga no se ha recibido con mucha sorpresa en un órgano acostumbrado a tener que esperar.
El periodo más largo en funciones duró cerca de dos años (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008), ante la incapacidad de populares y socialistas de llegar a un acuerdo que pusiera fin a un bloqueo sin precedentes.
El PSOE había llegado a la Moncloa en 2004 y convivió durante años con un CGPJ de mayoría conservadora que se pronunció en contra de muchos de los grandes proyectos avalados o impulsados por el Ejecutivo, desde el Estatuto catalán a la ley del matrimonio homosexual.
La Ley Orgánica del Poder Judicialestablece que los vocales deben ser elegidos con una mayoría de tres quintos en el Parlamento, lo que entonces y ahora obliga a una cuerdo entre el PP y el PSOE, y fija también que si las cámaras no designan en plazo a los nuevos miembros del Consejo, los salientes continuarán en funciones.
"Ha sido una constante histórica", explica uno de los actuales vocales, que señala que los miembros del Consejo asumen con total naturalidad su continuidad y se disponen a reorganizar sus agendas, ya que el último pleno de este Consejo estaba fijado para el próximo 29 de noviembre. La duda ahora es "hasta cuándo", apunta otro vocal, que ve complicado un acuerdo antes de que se celebren elecciones generales y se constituya un nuevo Parlamento.
Los populares rompieron el pacto que habían negociado con el Gobierno después de que el magistrado Manuel Marchena, nombre consensuado para presidir el CGPJ, renunciara al cargo reivindicando su independencia.
Poco antes se había filtrado un mensaje enviado por el portavoz en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, a los senadores de su grupo defendiendo un acuerdo que no había gustado a muchos compañeros y que, señalaba, permitiría controlar "desde detrás" la sala segunda del Tribunal Supremo.
Retomar en breve las negociaciones parece imposible, máximo cuando el PP reclama ahora cambiar el sistema de elección del CGPJ para que sean los propios jueces y magistrados los que designen a la mayoría de los vocales, modelo que rechaza el Gobierno defendiendo la participación en el proceso del Parlamento, donde reside la soberanía popular. Fuentes del Ejecutivo reprochan al PP que con su actitud impidan regenerar a un órgano "imprescindible" para el funcionamiento del Estado de derecho y mantengan al frente del CGPJ y del Supremo a Carlos Lesmes, una figura que no gusta ni a populares ni a socialistas y cuestionado tras la gestión que realizó el alto tribunal del caso del impuesto de las hipotecas.