A esta hora, el Consejo de Ministros con Pedro Sánchez al frente decide qué día exactamente es el elegido para la exhumación del dictador Francisco Franco. La decisión se va a tomar en la primera reunión del Ejecutivo después que el Supremo tumbara los últimos tres recursos que la paralizaban.
En Moncloa, la operación para la exhumación se esta estudiando al detalle de manera escrupulosa con la vicepresidenta Carmen Calvo al frente, que ya recordó que será "discreta" y que pese a que "políticamente son los restos de un dictador, desde el derecho son los restos de un ser humano". En el Consejo de Ministros también se conocerán los detalles de cómo se llevará a cabo esta actuación.
La exhumación, previsiblemente un lunes de octubre
Aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta, el Gobierno adelantó que será "antes de la campaña electoral". Todo apunta a que el día elegido será en el mes de octubre y previsiblemente un lunes, porque ese día está cerrado al público el Valle de los Caídos.
El Gobierno quiere que la exhumación sea a puerta cerrada para evitar que se filtre cualquier imagen de ese momento y, por ese motivo, se va a rodear con biombos el espacio en el que se retirará la tumba. Además, para el traslado se plantean la vía aérea para evitar posibles cortes de carreteras o sabotajes de grupos de extrema derecha.
Los últimos obstáculos
Mientras tanto, tanto la familia como el prior del Valle de los Caídos siguen tratando de obstaculizar la exhumación. La familia Franco ha presentado un recurso al Constitucional y pide que se paralice la exhumación hasta que éste no se pronuncie.
En su escrito, piden "la adopción de una medida cautelarísima" para que suspenda el permiso del Tribunal Supremo a la exhumación, "dado que la inmediata ejecución causaría un daño irreparable" a la familia.
Por su parte, Santiago Cantera se negó a autorizar la exhumación al considerar que la sentencia del Supremo no resuelve las alegaciones que se habían presentado y que sería una "vulneración de la libertad religiosa" pretender "actuar en un lugar sagrado" sin contar con la "preceptiva autorización eclesiástica".
Pero tanto el Supremo como el Gobierno ya han avisado de que tiene que cumplir la sentencia por que "el artículo 118 de la Constitución obliga a todos a cumplir las sentencias firmes". "Nosotros ya no le tenemos que pedir permiso absolutamente a nadie", aseguró Carmen Calvo.