La Constitución de 1978 cumple este lunes 43 años desde su aprobación en referéndum y, pese a las cuatro décadas transcurridas y los discursos de los partidos de hace años, su reforma o actualización ha desaparecido de la agenda de previsiones e incluso el retoque puntual planeado por el Gobierno para corregir el tratamiento de la discapacidad ha encallado en el Congreso sin el respaldo necesario para seguir adelante.
Tanto es así que el líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a rechazar hoy una reforma porque lejos de reeditarse un consenso como el que se logró en 1978, ve un "desafío a la gobernabilidad incluso por parte del propio Gobierno" y considera que el presidente, Pedro Sánchez, es quien más la ha atacado.
El líder de los populares ha recalcado que la Constitución no es el problema, sino la "solución a todos los problemas que tiene ahora España", ha advertido en contra de un "revisionismo casi suicida" y ha llamado a defender "todos juntos" la Carta Magna "con un proyecto en el que quepamos todos" y del que salgan los "radicales".
En el mismo acto, Sánchez ha llamado a "cuidar" la Constitución que, según ha recordado, "costó mucho conseguir", y ha pedido hacerlo cumpliéndola "de pe a pa", con "todos los artículos, del primero al último".
Así, ha destacado que la ley de leyes trajo a España "derechos y libertades, donde había dictadura; concordia y convivencia, donde antes había odio y tiranía; y pertenencia a la Unión Europea donde antes había ostracismo y aislamiento".
El presidente ha insistido en que todo aquello "costó mucho" y, por eso considera que las generaciones que ahora cogen el testigo de todo aquel esfuerzo que fructificó en la Carta Magna tienen que dedicar el suyo a "cuidarla". Y eso, ha enfatizado, significa "cumplir de pe a pa todos los artículos, del primero al último".
Unidas Podemos, sus socios de Gobierno, no han ido en la misma línea que el presidente y han calificado la Constitución de "traje viejo" que debe renovarse llamando al voto a la sociedad española con vistas a lograr un Estado federal y republicano, además de consagrar el "feminismo", el cuidado al medio ambiente y garantizar los derechos sociales.
El presidente del grupo parlamentario, Jaumen Asens, ha admitido que la correlación de fuerzas parlamentarias a favor de una reforma es "desfavorable" y, por tanto, ha subrayado que si "la calle no presiona", esa voluntad de actualización "no será posible". Además, ha advertido de que las constituciones que no se pueden actualizar, están "condenadas a morir".
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha puesto en cuestión los homenajes a la Constitución por parte del PSOE y del PP pues a su juicio son "una auténtica burla" y "un espectáculo cómico", ya que sólo representan lo que llama "el consenso progre".
"El Gobierno que ha pisoteado la Constitución, y la 'oposición' que lo apoyó y con la que se han repartido los jueces del TC, harán homenajes que ya son una auténtica burla. El consenso constitucional ha sido sustituido por el consenso progre", ha dicho.
Los intentos fallidos de reforma
Los intentos de reforma constitucional a lo largo de la democracia han caído siempre en agua de borrajas. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó a impulsar una revisión de la Constitución en cuatro ejes muy concretos, en los que se confiaba en un acuerdo de mínimos: reformar el Senado para convertirla en una autentica Cámara de representación territorial, eliminar la discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, incluir a las comunidades autónomas en el articulado (dado que la Carta Magna es anterior a los Estatutos de Autonomía) y recoger la pertenencia de España a la Unión Europea, que también fue años después.
El Consejo de Estado redactó incluso un informe sobre estos cuatro puntos, pero aquel intento no llegó a prosperar y ni siquiera se abrió una negociación formal. Además, uno de los puntos, el relativo a la Corona, habría exigido una mayoría ultrareforzada de dos tercios del Congreso (233 votos) y después disolución inmediata de las Cortes y ratificación por un nuevo Parlamento, condiciones que no resultaban posibles.
El PP, entonces primer partido de la oposición, siempre ha recelado de 'abrir el melón' de la reforma de la Constitución por temor a que se introdujeran otras cuestiones que considera inaceptables, como el cuestionamiento de la Monarquía o el derecho de autodeterminación.
Lo que sí se aprobó en agosto de 2011, motivada por la presión europea ante la crisis económica del momento, fue una reforma puntual del artículo 135 de la Constitución para imponer el principio de la estabilidad presupuestaria y marcar como prioritario para todas las administraciones el pago de la deuda. Fue pactada por PSOE y PP y se tramitó de forma exprés, sin opción a referéndum.
La llegada del PP al Gobierno a finales de 2011 enfrió las posibilidades de recuperar la revisión de la Constitución. El PSOE de Sánchez planteó en 2015 una nueva tentativa para actualizar la Carta Magna siguiendo los ejes de Zapatero, pero desde la oposición no tuvo fuerza para impulsarla.
Lo cierto es que, en la actual legislatura, lo único que se ha puesto sobre la mesa es una reforma puntual del artículo 49, impulsada por el Gobierno de coalición para corregir el tratamiento de la discapacidad y sustituir el término "disminuido" por "persona con discapacidad".
Pero pese a su simplicidad, la reforma ha encallado en el Congreso, ya que no tiene garantizados los 210 votos que se necesitan para su aprobación. El PP y Vox presentaron enmienda de totalidad alegando que no hay clima político adecuado para abrir el debate de la reforma constitucional y alertando de la posibilidad de que en su tramitación, dada la debilidad del Gobierno, se pudieran introducir otros asuntos ajenos.