El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un migrante marroquí que defiende que sus derechos fundamentales fueron violados. Mohammed El Hattab fue detenido en diciembre de 2020 tras llegar a Canarias en patera el 15 de noviembre de ese año. Iba a ser devuelto a Marruecos, quedando cerca de tres días privado de libertad sin que le fuese asignado un abogado de oficio. Fue entonces cuando la letrada de la ONG 'Coordinadora de Barrios' actuó al considerar su detención ilegal, solicitando un 'habeas corpus' que un juzgado de Instrucción denegó.
Ahora, el Constitucional valora que esa denegación del 'habeas corpus' -puesta inmediata a disposición judicial- no estaba justificada, según ha avanzado 'El País'. Finalmente, su devolución a Marruecos no fue ejecutada, quedando en libertad tras pedir asilo.
Según ha trasladado la ONG a través de un comunicado, el Constitucional declara que hubo "una incomprensible y preocupante falta de control judicial" en la detención de El Hattab. "El ciudadano fue detenido en el aeropuerto de Gran Canaria cuando iba a reunirse con su familia, residente en la Península, quienes contactaron con nuestro equipo jurídico solicitando ayuda", añaden.
Desde 'Coordinadora de Barrios', piden a las autoridades "un mayor compromiso con los derechos fundamentales de las personas extranjeras". Además, el Constitucional expresa su "alta preocupación" por el "frecuente incumplimiento de su jurisprudencia constitucional" en materia de privaciones de libertad, según la ONG.
Así, el Constitucional considera la inadmisión del 'habeas corpus' "manifiestamente improcedente", agregando que han "desautorizado repetida y categóricamente este proceder" con anterioridad.
La situación en Arguineguín a finales de 2020
El Hattab fue uno de los miles de migrantes que llegaron a Gran Canaria a finales de 2020. Jueces y abogados denunciaron entonces la situación que se vivía especialmente en Arguineguín, con migrantes hacinados en una situación que consideraban "degradante e inhumana", en palabras de Arcadio Díaz Tejera, juez del CIE de Gran Canaria.
El Defensor del Pueblo llegó a pedir al Ministerio del Interior el cierre del campamento de Arguineguín al considerar que se estaban violando los derechos fundamentales de las personas allí alojadas.