La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, ha materializado el voto decisivo para declarar ilegal el primer estado de alarma, decretado durante la primera ola de la pandemia en marzo de 2020.

La decisión se ha producido tras una mayoría ajustada, con 6 votos a favor de declarar ilegal el Real Decreto frente a 5 que estaban en contra. La primera consecuencia de este hecho será la anulación de todas las multas por limitación de movilidad impuestas durante este periodo, que quedarán sin efecto. Además, fuentes jurídicas explican que se abre la vía para pleitear en lo Contencioso Administrativo y pedirle a la Administración daños y perjuicios por cuestiones como, por ejemplo, cerrar un negocio.

Por su parte, el TC —que ya ha informado en una nota informativa de la decisión— ha dictaminado que la hoja de ruta tomada por el Gobierno estuvo al margen de la Constitución. Concretamente, el TC se ha apoyado en un argumento técnico, con el que han podido deslegitimar el mecanismo jurídico empleado por el Ejecutivo para mantener a la población confinada en su casa e imponer sanciones por movilizarse sin justificación.

Dos artículos del Real Decreto, ilegales para el TC

En concreto, el pleno del Tribunal Constitucional ha declarado como ilegales dos artículos del Real Decreto. Básicamente, los que regulaban el confinamiento domiciliario y la imposibilidad de circular con libertad para personas y vehículos.

También ha rechazado la disposición que autorizaba que el Ministerio del Interior pudiera cerrar las carreteras, así como otro aspecto: una disposición que permitía al Ministerio de Sanidad poder ampliar y modificar las medidas adoptadas.

En esta línea, el ente judicial considera que, para haber decretado un confinamiento de este tipo, primero habría que haber declarado un estado de excepción. Es decir, una medida que obligatoriamente requiere del visto bueno del Congreso de los Diputados.

La mayoría de los magistrados ha decidido declarar la ilegalidad dando la razón al ponente de la resolución, el magistrado Pedro González Trevijano, que apostaba por admitir a trámite el recurso planteado por la formación de extrema derecha Vox. Otros cinco jueces, la mayoría progresistas, se han opuesto a la decisión defendiendo el planteamiento que hacía el Gobierno.

Moncloa se reafirma en que el estado de alarma era imprescindible

En cuanto a la respuesta del Ejecutivo, fuentes de Moncloa indican a laSexta que ahora es el Ministerio de Justicia el que debe valorar la decisión. Asimismo, explican que se respeta la sentencia, aunque desde el Ejecutivo denotan "sorpresa" por el carácter inédito de la decisión, y se reafirma en que aquel Real Decreto del Estado de Alarma era absolutamente imprescindible para salvar vidas, de acuerdo con la Constitución y a la ley orgánica del Estado de Alarma.

Así, el Gobierno defiende que, sin esta herramienta, no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días. Además, estas mismas fuentes recuerdan que el Tribunal Constitucional ha dictado su fallo tras el recurso presentado por VOX, una formación que, insisten, voto a favor del estado de alarma cuando este fue presentado por primera vez ante el Congreso.

"Estamos ante una decisión sin precedentes, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a formulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia", sentencian desde Moncloa, remarcando su incredulidad por lo ocurrido hoy en el pleno del TC.

Abascal pide la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, además de la anulación de todas las multas interpuestas durante ese periodo e indemnización a los afectados.

"No estamos para celebrar la sentencia, no podemos hacerlo porque se ha constatado que el Gobierno está dispuesto a incumplir las leyes y a pisotear la Constitución", ha explicado el líder de Vox, que cree que queda demostrado que la moción de censura que presentó contra el presidente Pedro Sánchez estaba "plenamente" justificada.

Abascal cree que el Ejecutivo cometió un "atropello" de la Constitución y de las leyes y por ello debe dimitir de inmediato y convocar a los ciudadanos a las urnas.