El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso presentado por el Senado contra la suspensión de la tramitación de las enmiendas que pretendían reformar el sistema de elección de los magistrados al órgano de garantías y, por tanto, que desbloqueaba su renovación.
Según fuentes del Constitucional a laSexta, ha sido por mayoría de seis a cinco, con el bloque conservador negándose a aceptar las medidas solicitadas por la Cámara Alta. Durante la tarde, la Fiscalía del TC presentó un informe en el que apoyaba recusar a dos de los magistrados presentes, los conservadores Pedro González-Trevijano (presidente) y Antonio Narváez. Ambos, con el mandato caducado, fueron nombrados por un Ejecutivo del PP y tienen a sus sustitutos ya seleccionados por el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, las mismas fuentes indican que no se ha llegado a tramitar la recusación porque, de igual manera que sucedió el lunes durante el debate que dio luz verde a las cautelarísimas solicitadas por el PP, no consideraban que fuera el momento procesal adecuado. De hecho, la mayoría conservadora se ha negado a votar siquiera la tramitación de las mismas alegando que no estaba en el orden del día.
Los magistrados del bloque progresista han anunciado la intención de formular un voto particular a la decisión adoptada por el pleno del tribunal.
El pleno del Senado debatirá y votará mañana la proposición de ley para reformar el Código Penal, que modifica, entre otros, los delitos de sedición y malversación, pero sin los artículos que han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional.
El PP presentó un recurso de amparo la semana pasada ante el órgano de garantías contra las dos enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que intentaban frenar la justicia. Alegaban que debía paralizarse la tramitación en el Congreso ya que se habían vulnerado sus derechos como parlamentarios. El Tribunal Constitucional dio el visto bueno a las cautelarísimas solicitadas ya el lunes, cuando el texto había sido remitido al Senado y las enmiendas ya se habían incorporado al articulado.
El principal reproche del Constitucional es el defecto de forma a la hora de tramitar la ley, por lo que apostó, en una decisión sin precedentes, por bloquear la tramitación de una ley que todavía no era firme por no haber sido aprobada por ambas cámaras ni haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.
En respuesta, desde el PSOE y Unidas Podemos han apostado por recuperar el espíritu de ambas enmiendas en una proposición de ley ad hoc que sería tramitada de urgencia y podría estar en vigor en menos de un mes.
