La Intersindical-CSC, sindicato minoritario, ha convocado huelga general en Cataluña para el próximo miércoles, 8 de noviembre, en protesta por la "regresión de derechos sociales" y la precariedad laboral en esta comunidad.
El llamamiento a la huelga llega un día después de que la Audiencia Nacional decretara el ingreso en prisión del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y de otros siete exconsellers, acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista.
Este sindicato, que ya organizó un paro general junto a otras tres centrales minoritarias el pasado 3 de octubre, tenía solicitados permisos de preavisos para poder convocar huelga del 6 al 9 de noviembre, y finalmente ha elegido el miércoles 8, aunque no descarta la posibilidad de mantener también la huelga el jueves 9.
En rueda de prensa, los responsables de Intersindical-CSC han desvinculado esta nueva huelga general de las detenciones de los exconsellers de la Generalitat y han negado que se trate de una "huelga política", entre otros motivos porque la ley española considera ilegal ese tipo de movilización.
A la hora de argumentar el paro, este sindicato minoritario incluye también como motivaciónn la protesta contra el decreto ley del Gobierno que, en su opinión, ha facilitado la salida de sedes sociales de empresas de Cataluña, con la afectación negativa que ello tiene "para el tejido económico catalán y el empleo".
El secretario general y el portavoz de la Intersindical-CSC, Carles Sastre y Marc Salles, respectivamente, se han mostrado confiados en que otros sindicatos se acabarán sumando a la convocatoria de huelga, tanto los otros que ya lo hicieron el 3 de octubre como los mayoritarios (CCOO y UGT).
Próximamente, la Intersindical se pondrá en contacto con ellos para buscar estos apoyos. Por su parte, fuentes de la dirección de CCOO de Catalunya han asegurado que en estos momentos el sindicato no se plantea llamar a la huelga general o a un paro de país.
En cuanto a UGT, fuentes del sindicato han asegurado que decidirán qué medidas adoptan ante la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelar sin fianza al exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y a otros siete exconsellers.