El Consejo General del Poder Judicial lleva 1975 días bloqueado. Casi cinco años y medio con las mismas personas en el mismo cargo, pero en funciones, es decir, sin la posibilidad de ejercer sus labores plenas. A pesar de ello, PP y PSOE siguen sin ponerse de acuerdo, ni con la Unión Europea de mediadora.

El PP ahora se agarra a que el Gobierno no ofrece garantías de independencia para el poder judicial tras las últimas declaraciones de Sánchez. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha adelantado que "si alguien en estos momentos y con esa amenaza de querer controlar el poder judicial va en esa línea", los tendrán "enfrente". Por tanto, cierran la puerta a quien, según ellos, busca anular la separación de poderes.

Ante este bloqueo, el Gobierno vuelve a abrirse a otras vías. El presidente del Gobierno ya se refirió este martes a "contar con una mayoría parlamentaria" para renovar el CGPJ. En su entrevista a la Cadena SER, Sánchez sentenció que su Ejecutivo lo "llevaría a efecto". Sin embargo, los expertos ya avisan que, aunque el poder judicial se renovase mañana, necesitaría un mínimo de seis meses para recuperar su ritmo pleno.

El magistrado Joaquim Bosch ha señalado en Al Rojo Vivo que "la cúpula judicial no puede ser propiedad de un partido, no puede estar secuestrada". Ante esta situación de bloqueo, "resulta proporcionado que se pueda forzar su renovación a la vista del tiempo transcurrido, pero siempre con prudencia".

¿Cómo afecta el bloqueo a los ciudadanos?

Ahora mismo hay 87 plazas desiertas en la cúpula judicial. De ellas, 36 pertenecen a los tribunales superiores de justicia, 25 a las audiencias provinciales, 25 al Tribunal Supremo y una a la Audiencia Nacional. Una de las cosas que no puede llevar a cabo el Consejo General del Poder Judicial, precisamente por estar en funciones, es hacer nombramientos. Eso significa que esos cargos se quedarán vacíos hasta que PP y PSOE se pongan de acuerdo, o hasta que el Gobierno opte por cambiar la forma en la que se eligen a los jueces.

Para el magistrado Ignacio González Vega, "hay un retraso en la resolución de asuntos cuando tienen que pasar por el Tribunal Supremo", por lo que "hay que poner el foco ahí, en el justiciable y en el buen funcionamiento de la justicia como servicio público".

El tapón de procedimientos judiciales aún en trámite no hace más que aumentar cada año que pasa. El pasado 2023 cerró con casi cuatro millones de causas aún por gestionar. En estos cinco años de bloqueo judicial, han aumentado en casi un 54%.

La peor parte se la lleva precisamente la Sala de lo Civil, es decir, la que resuelve los casos que afectan a los ciudadanos. El cúmulo por resolver ha crecido un 18,7% en un año. Le pasa igual al resto de jurisdicciones: la congestión en lo penal ha aumentado un 17,8%, un 3,6% las de lo contencioso-administrativo, y un 16,1% las de lo penal.