El Congreso ha respaldado la tramitación parlamentaria de la ley del PSOE que obliga a incluir una cuota femenina en los órganos de decisión de las empresas y multa con cuantías de entre 60 y 50.000 euros a las compañías que no concilien o que extingan un contrato durante el embarazo de una empleada, entre otras situaciones. Eso sí, la oposición la considera "un parche" y ya anuncia enmiendas para modificar el texto.

Se trata de una norma con 49 artículos, que hace un repaso por toda la normativa laboral española, afecta a siete leyes, a tres reales decretos y a siete directivas comunitarias que buscan "revertir" la situación de discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral, según ha explicado la presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada socialista Pilar Cancela. "Sólo el 7,67% de los hombres se coge una reducción de jornada" por cuestiones de cuidados o conciliación familiar, ha explicado, para señalar que la brecha de género en España supone un 11%, la brecha salarial un 22% y que el 64% de los trabajadores con sueldos más bajos son mujeres. Son "datos demoledores", ha apuntado.

Con esta ley, los socialistas quieren limitar el derecho empresarial a distribuir irregularmente la jornada de trabajo, a la movilidad geográfica o a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En definitiva, plantean que cuando las empresas tomen decisiones en cualquiera de estos sentidos, tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores que están ejercitando sus derechos de conciliación. Además, pretende acometer una modificación "sustancial" en los términos en que ciertos permisos, suspensiones de contrato o excedencias vinculadas con la conciliación.

Así, el permiso de parto se reduce a seis semanas obligatorias tras el nacimiento destinadas a la recuperación de la madre; se introduce un permiso por nacimiento para el otro progenitor de seis semanas obligatorias; se reconoce un permiso parental, igual e intransferible para el cuidado del menor de doce meses, ya sea por nacimiento o por adopción de diez semanas para cada progenitor. "Confusa", "parche" o "buenas intenciones", han sido algunas de las calificaciones que la oposición ha usado para definir este texto durante el debate.

La mayoría de partidos también han avisado al PSOE de que propondrán cambios durante el proceso de tramitación. El PP ha sido una de las formaciones que ha avisado de que "debatirá sobre el contenido" de la norma en fase de ponencia. Durante su intervención, la portavoz de Igualdad del PP, Carmen Dueñas, ha defendido el compromiso "absoluto" de los 'populares' con la igualdad y ha recordado que con el Gobierno de Mariano Rajoy se recuperó "todo el empleo femenino destruido con la crisis" y se consiguió "el mayor número de mujeres trabajando" en la historia de España.

También Unidos Podemos ha aclarado que "mejorarán" el texto. Su portavoz en este debate, la diputada de En Marea Yolanda Díaz, ha criticado que esta reforma no traiga medidas "ejecutivas" para avanzar con respecto a la actual Ley de Igualdad en vigor, aprobada en 2007. A su juicio, esta ley es "una declaración de intenciones", "abunda en medidas que no son nuevas" o que ya existen y, además, "obvia la igualdad en Seguridad Social y pensiones", entre otros aspectos.

Más "completa" era la ley de Unidos Podemos sobre brecha salarial, según ha explicado durante el debate la representante de Ciudadanos Patricia Reyes. En su caso, y a pesar del voto a favor, también hay reproches para al PSOE: por basar esta norma en la Ley de 2007 que "el tiempo ha demostrado que no es operativa"; y por no impulsar desde el Gobierno medidas sobre esta materia que ya se han aprobado en el Congreso. Similar ha sido la recriminación del PNV, cuyo portavoz Iñigo Barandiaran ha preguntado al Gobierno por qué siendo este tema tan importante y con un tratamiento tan integral, no se ha presentado un proyecto de ley.

Por otra parte, la portavoz de Compromís, Marta Sorlí, ha animado al PSOE a "aprovechar esta ley para ir un poco más allá" y "modificar" la norma para que "realmente luche contra la explotación femenina" porque, según ha criticado, esta reforma no incluye a las mujeres "invisibles" que trabajan en el mercado "negro", como las kellys, las reparadoras de calzado, las migrantes o las mujeres en excedencia por maternidad que "son las que más protección necesitan".

Finalmente, ERC ha celebrado la llegada de esta norma, aunque ha pedido al PSOE que respete las competencias autonómicas en esta materia, PDeCAT le ha llamado a conseguir el mayor consenso posible en la tramitación, y EH Bildu ha declarado que la ley "no le gusta" porque "se queda en un paquete de medidas buenistas". Esta norma, tal y como ha adelantado este martes la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, se tramitará por la vía de urgencia a petición del Ejecutivo y el visto bueno de la Cámara.