Los manifestantes condenados creen que la decisión de Estrasburgo no solo tiene que ver con su caso. "Es una enmienda a la totalidad, a la política criminal contra los derechos civiles del Estado español", ha denunciado Benet Salellas, abogado de los condenados. La rotundidad de la sentencia sobre que este tipo de actos constituye una forma más de libertad de expresión abre ahora el debate político. ¿Debe o no ser revisado el delito de injurias a la corona? Para Izquierda Unida, no hay dudas.
"Es el momento no sólo de derogar artículos del Código Penal como el de injurias a la corona, sino también revisar todo el código", ha exigido Alberto Garzón, coordinador federal de la formación política. Para Ciudadanos, en cambio, la decisión de Estrasburgo en respetable, pero no interpreta que deba hacerse causa general.
"Sigue existiendo un delito de injurias al rey, y consideramos que su existencia sigue plenamente ajustada a derecho", ha afirmado Juan Carlos Girauta, secretario general de Ciudadanos. En el Partido Popular se posicionan claramente en contra de la sentencia. "La libertad de expresión y la protesta es una cosa, pero la ofensa de forma deliberada a los sentimientos de la gente tiene que tener algún tipo de protección", considera Rafa Hernando, portavoz del PP en el Congreso.
Para los partidos soberanistas, el varapalo a la justicia española solo viene a reforzar sus denuncias. "España tiene un grave problema de déficit democrático y comportamientos autoritarios", ha criticado Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso. Algunas asociaciones independentistas concluyen que la decisión de Estrasburgo les da una idea sobre cómo recibir al rey cada vez que pise cataluña.