Conclusiones demoledoras
El demoledor auto de la jueza de la DANA: había información "sobrada" que fue "ignorada" por el Gobierno de Mazón
Entre líneas La jueza de Catarroja señala la terrible gestión de la DANA por parte de la Generalitat valenciana, cuestionando el envío de las alertas a los móviles, recordando la información que ofrecían en tiempo real los medios de comunicación y lo más demoledor de su auto: no supieron interpretar la información de la que disponían.
Resumen IA supervisado
La jueza de Catarroja ha imputado a la exconsellera Salomé Pradas por su gestión durante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. El auto critica la falta de acción ante la información disponible y señala errores en las alertas enviadas a la población. La jueza destaca que los medios de comunicación informaron adecuadamente, desmintiendo la defensa de un apagón informativo por parte del Gobierno de Carlos Mazón. Ruiz Tobarra cuestiona el desconocimiento de los políticos sobre las áreas afectadas y critica la intención de Pradas de desviar responsabilidades hacia los técnicos.
* Resumen supervisado por periodistas.
La jueza de Catarroja ha emitido un demoledor auto este lunes en el que no solo ha imputado a la exconsellera Salomé Pradas, sino que ha arrojado una serie de afirmaciones que ponen en cuestión la gestión de todo el Gobierno de Carlos Mazón. Pradas es señalada por no evitar las muertes en la devastadora DANA que sacudió la Comunidad Valenciana, viendo "indudable que sus acciones y omisiones afectaron a alguno de los fallecidos que volvían de su trabajo".
Pero el auto, al que ha tenido acceso laSexta, no se queda ahí. El documento recoge el siguiente párrafo que resulta demoledor en la causa: "El problema no residiría en la ausencia de información, que la había sobrada, sino en que, ante dicha información, o se ignorara, o no se comprendiera su alcance, o no se tomaran las decisiones pertinentes".
La jueza Nuria Ruiz Tobarra no se queda ahí, también concluye que las alertas que fueron enviadas a los teléfonos de los valencianos llegaron fuera de tiempo y fueron erróneas. La jueza escribe que "hubo una omisión en los tiempos de las alarmas y una actuación errónea en su contenido" y que "el consejo de subir a las zonas altas se dio cuando ya se habían producido los fallecimientos".
La magistrada ve clave el papel de los medios de comunicación, ya que fuimos informando a tiempo real de las inclemencias meteorológicas que sacudieron a la región ese fatídico 29 de octubre, dejando por los suelos la excusa del apagón informativo que ha defendido Mazón desde que ocurriese la tragedia. Para la jueza, existía "la posibilidad de ser informado por la prensa y otros canales generalistas, que también informaron de forma profusa sobre la evolución de la DANA".
Ruiz Tobarra llega a preguntarse si los responsables políticos desconocían las localidades por las que discurre el barranco del Poyo y remata diciendo que tampoco "son necesarios especiales conocimientos técnicos". Es por eso que defiende que intentar sacudirse la responsabilidad y desviarla hacia los subordinados es especialmente chocante.
En su auto, la jueza ve "extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje, así como el conocimiento y operatividad del sistema 'ES-Alert' que constituye un medio, no el único, para alertar a la población", algo que en su día Salomé Pradas ya intentó hacer, llegando a afirmar que no sabía que existía ese sistema de alertas.
Pradas, responsable máxima en la gestión de la DANA para la jueza
Para la jueza, Salomé Pradas es la responsable máxima de la gestión de la DANA porque solo a ella le corresponde ejercer el mando único de la emergencia, una idea que repite en varias ocasiones en su auto. Ruiz Tobarra la llama a declarar porque considera que hay indicios de homicidios y lesiones imprudentes, aludiendo a las 225 personas que perdieron la vida y a las tres que continúan desaparecidas.
"El CECOPI se convocó con una gran demora y la toma de decisiones se produjo con un retraso aún mayor. El CECOPI debió convocarse en la mañana del 29 de octubre", defiende en el auto, recordando que la reunión comenzó a las 17:00 horas, cuando ya era demasiado tarde. Las comunicaciones se debieron tomar por el mando único, no era necesario contar con el asentimiento de las 29 personas que forman el CECOPI, lo que constituye, según la jueza, el fundamento de la negligencia con relevancia penal.
Por su parte, Carlos Mazón no está imputado, pero el repaso que hace la jueza de sus justificaciones es terrible. No hubo ningún apagón informativo: la AEMET informó, los datos del barranco estaban actualizados y los medios de comunicación informaron sobre la situación mucho antes de que el president saliera del restaurante 'El Ventorro'.
La AEMET, las llamadas al 112 -más de 19.000-, los medios de comunicación o la Confederación Hidrográfica del Júcar son algunas de las pruebas que evidencian que no hubo ese apagón, pero el auto destroza los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Mazón durante los últimos meses, asegurando que sí que hubo información de la situación del barranco del Poyo, con el Sistema Automático de Información Hidrológica informando en tiempo real y enviando correos electrónicos al CECOPI donde ya informaban sobre el caudal.
Sobre el "período de trabajo exclusivamente presencial" que la Generalitat trasladó a la jueza que se produjo, la magistrada solo ve un eufemismo que solo demostraría que la decisión de enviar la alerta a la población era una cuestión autonómica.