Después de que este lunes ERC anunciara un preacuerdo con el PSC para la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat, este martes laSexta ha tenido acceso al documento en el que se confirma que será "la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña". En concreto, el escrito detalla que estas funciones "corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña" excepto aquellas que sean "de naturaleza local". En definitiva, soberanía fiscal, un nuevo modelo de financiación y avanzar en la resolución del conflicto catalán con medidas refrendadas por la ciudadanía son las claves del texto.

Respecto a la financiación, el documento habla sobre "la aportación catalana a las finanzas del Estado" que incluirá, por un lado, "el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña" que "se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos", y por otro, "la solidaridad" con el resto de comunidades autónomas.

Sobre esta, concreta que tendrá que ser "explícita" y "transparente" para que así "la contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida", al mismo tiempo que incide en que deberá "estar limitada por el principio de ordinalidad", es decir, que no afecte a la posición de riqueza de la región a la hora de redistribuir territorialmente la recaudación. De hecho, el documento concreta que "en caso de no adoptarse" este principio "durante el 2025" se deberán imponer "medidas compensatorias".

En ese sentido, en el texto se asume que "la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos (…) puedan alcanzar niveles similares" aunque siempre y cuando se "lleve a cabo un esfuerzo fiscal también similar".

Para este "nuevo modelo", el escrito contempla como "imprescindible" el compromiso por parte del Govern de la Generalitat para "el desarrollo de una hacienda catalana", lo cual supone una "asunción de competencias que requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos" necesarios para ello. Un proceso que se instrumentalizará "a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)" y que refleja la soberanía fiscal que ha conseguido ERC para Cataluña.

De esta manera, "para implementar este nuevo sistema de financiación singular" será necesaria la formalización del preacuerdo "entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado" en una "comisión bilateral" que deberá celebrarse en los seis primeros meses del próximo año.

Una vez que estos encuentros lleguen a acuerdos "se trasladarán a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat" con los objetivos de alcanzar "la asunción progresiva" de las funciones tributarias, "el aumento sustancial de la capacidad normativa tributaria", "el despliegue calendarizado del nuevo modelo", así como "el impulso de las modificaciones" en la leyes reguladoras de estas cuestiones.

Respecto a los tributos a gestionar, el texto contempla que el primero "será el IRPF" sobre el que ambas formaciones se comprometen a que sea ejecutado desde la región "a lo largo del año 2026". Además, también se establece que durante el año que viene las comisiones mencionadas deberán trabajar "como mínimo" en la "recaudación del IVA PYMES en función de su domicilio", así como en los tributos relativos "a los arrendamientos turísticos".

Y mientras todo esto llega, ERC y PSC se comprometen a un "incremento sustancial de recursos" que incluye la compensación de "los desequilibrios", así como la creación de un consorcio entre región y Estado "para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y la baja ejecución de las inversiones previstas".

Una Convención Nacional presidida por ERC para resolver el conflicto político

Otra de las exigencia de Esquerra para apoyar la investidura de Illa era la de resolver el conflicto político catalán. Para ello, ambos partidos "se comprometen a impulsar, en el primer pleno del Parlament posterior a la constitución del nuevo Gobierno de la Generalitat, una Convención Nacional" cuyo cometido no sea otro más que "la resolución del conflicto político".

Una resolución que debe llegar a través de un "debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucional y jurídicamente este reconocimiento". Además, el texto menciona "la necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía".

Sobre esta convención el preacuerdo contempla que deberá estar "presidida por una representante de Esquerra Republicana" y que también contará con la "función de realizar un seguimiento y monitorización de la aplicación de la ley de amnistía". Asimismo, el Gobierno "creará una Oficina que asegure los recursos humanos, técnicos y materiales para desarrollar sus tareas".

Política lingüística con rango de departamento

Otra parte del preacuerdo contempla el compromiso de las formaciones para "reforzar el impulso y el progreso del occitano en Arán y de la lengua de signos catalana", para lo que se establece que "la política lingüística tendrá rango de Departamento" y la aprobación del "Pacto Nacional por la Lengua" en "los 100 primeros días del nuevo Gobierno".

En esa línea, se contemplan medidas que impulsen el uso de la lengua en "las instituciones", pero también en el ámbito de la educación para garantizar que sea "utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida del alumnado recién llegado".

Asimismo, "al final de la etapa educativa obligatoria, el sistema educativo debe garantizar la competencia oral y escrita plena en catalán y en castellano" y cuya determinación "deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos recogidos en el proyecto lingüístico de cada centro" que "en ningún caso a partir de parámetros impuestos, ajenos a criterios pedagógicos.

En cuanto al fomento del uso del catalán en el ámbito social, el preacuerdo contempla "garantizar que todos los graduados en universidades catalanas en los grados lingüísticamente estratégicos" como el ámbito de la salud o el derecho "alcanzan el nivel C1 de catalán, como competencia lingüística necesaria para atender a los pacientes y los usuarios", se recoge en el escrito.

Cataluña en el exterior

Con el objetivo de fomentar la presencia e influencia de Cataluña fuera de las fronteras españolas, el preacuerdo contempla el mantenimiento del Departamento de Acción Exterior y Unión Europea, así como la creación del Cuerpo de Acción Exterior o la consolidación y expansión de la red de delegaciones con las que cuenta Cataluña, actualmente.

Además se contempla que se refuerce "la presencia de la Generalitat de Cataluña en más formaciones de los Consejos de la Unión y grupos de trabajo derivados, donde las instituciones catalanas tengan competencias o intereses específicos", al mismo tiempo que se promoverá su participación en "organismos y agencias internacionales" como la ONU, la UNESCO o la OMS, entre otras que se mencionan en el texto.

Continuación de políticas: Rodalíes, sequía o impuestos

En Rodalies, prevén ejecutar este año los acuerdos suscritos el 9 de febrero entre Gobierno y Generalitat: concretamente transferir el déficit de explotación de Renfe de 2023; presentar un borrador de los estatutos de la nueva empresa operadora, y completar el estudio de las infraestructuras a transferir.

En este sentido, se cita el inicio del traspaso de la línea R1; impulsar conjuntamente entre Generalitat, Gobierno y Renfe un plan de choque de mejora de servicios; mantener el despliegue de la T-Mobilitat con vistas a implementar la integración tarifaria de toda Cataluña en 2025; continuar con las bonificaciones de la T-Jove, y mantener el compromiso de la gratuidad de la T-16 y su uso en toda Cataluña. Así los partidos acuerdan aprobar el Plan de choque para unas Rodalies dignas con el fin de "dignificar el servicio actual".

Por otro lado, ambas formaciones prevén continuar la consolidación de L'Energètica, empresa pública de generación y suministro de energía renovable, para lograr la neutralidad climática de la Generalitat y su sector público en 2030.

Asimismo, garantizan un modelo basado en implementar las energías renovables: "En consecuencia, el Govern de la Generalitat se opondrá a aquellos proyectos contrarios a este modelo en energético, como son los proyectos privados de las líneas eléctricas de evacuación de muy alta tensión (MAT) de la línea del Baix Cinca-Pierola-Rubí, la línea Valmuel-Begues y la línea Laluenga-Isona".

En materia hídrica y ante eventuales nuevos episodios de sequía, se comprometen a cumplir el calendario de inversiones relativas a "las nuevas infraestructuras de desalación previstas en la Tordera y el Foix", así como las estaciones de agua regenerada para llegar a 130 hm3/año, y garantizar una partida de 110 millones para la construcción de 24 plantas de agua regenerada.

También prevén dar continuidad al Pacte Nacional per la Indístria 2020-25 para lograr un peso industrial del 25% del PIB en 2030; un programa urgente de fomento de la vivienda con mantenimiento de los compromisos presupuestarios; la gratuidad de la educación de 0-3 años en el curso 2025-26, mantener el avance del calendario escolar y el impulso de una veintena de leyes durante la legislatura.

Asimismo, se mantendrá el impuesto de sucesiones y de patrimonio con los tipos actuales (sin implementar propuestas de deflactación del IRPF), y la rebaja del IRPF para rentas menores de 35.000 euros, tal como pactaron los dos partidos en el acuerdo de Presupuestos de 2024.

Sobre salud, se mantendrán y consolidarán las mejoras laborales (retributivas y organizativas) de los profesionales sanitarios hechas en 2023 y principios de 2024, y se garantiza el cumplimiento del calendario de inversiones previsto en el nuevo hospital Clínic, el nuevo Campus Salut de Girona y el nuevo hospital de Terres de l'Ebre (Tarragona), entre otras.

Los dos partidos se comprometen a dedicar un 2% del Presupuesto de la Generalitat a Cultura en 2025, como estaba previsto; mantener la Conselleria de Políticas de Igualdad y Feminismos, y mantener las convocatorias anuales del cuerpo de Mossos d'Esquadra, con un mínimo de 900 anuales, para llegar a 22.000 efectivos en 2030.