El juicio del 'procés' en el Supremo encara en su decimocuarta semana la recta final de las testificales con la comparecencia de los compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament, así como de votantes del 1-O, del conseller Jordi Puigneró y políticos como Mireia Boya (CUP) y Jaume Asens (Comuns).

Mireya Boya está acusada en la causa de un delito de desobediencia, pero su caso fue enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como pasa con el resto de miembros de la Mesa. La dirigente de la CUP puede acogerse a su derecho de no declarar.

A propuesta de las defensas de Sànchez, Rull y Turull, está prevista la testifical del actual conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, que en la etapa del 1-O era responsable del CESICAT y que será interrogado principalmente en relación con los ciberataques contra el 'procés'.

Otros de los testigos previstos son el exnúmero dos de Meritxell Borràs en la consellería de Gobernación, Francesc Esteve, que está siendo investigado por un juzgado de Barcelona sobre los preparativos del 1-O, así como la directora general de contratación pública de la Generalitat y la secretaria general de Enseñanza.

También comparecerán el jefe de la Unidad regional de reacción y dispositivos de los Mossos d'Esquadra y el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font, que envió una carta al exsecretario de Hacienda Lluis Salvadó a partir de la cual la Guardia Civil deduce que la Generalitat impulsaba la creación de un catastro propio para completar el proceso de formación de un nuevo estado.

A petición de la defensa de Jordi Cuixart, la sala oirá al cabeza de lista de En Comú Podem en las últimas elecciones generales Jaume Asens, que durante el 1-O era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y al secretario general de la UGT en Cataluña, Camil Ros.

Otros de los testigos son el veterano exdiputado y exeurodiputado de CDC Joan Vallvé, la exconcejal de Barcelona Itziar González, miembro del Pacte Nacional pel Referèndum, y el inspector de los Mossos d'Esquadra que el 20S relevó a la intendente Teresa Laplana, que está pendiente de juicio por su papel durante las protestas en la consellería de Economía.