Este miércoles se celebra previsiblemente en el Tribunal Supremo la última jornada, la número 52, del juicio del 'procés' con la continuación delas conclusiones de los abogados defensoresy el turno a la última palabra de los acusados, que podrán hacer uso de ella durante 15 minutos.

Salvo sorpresa de última hora, el tribunal del 'procés' espera que en la jornada de hoy se ponga fin a un juicio que arrancó el 12 de febrero en la sala de plenos del Supremo, por donde han pasado 422 testigos de todas las partes personadas. La recta final comenzó el pasado 4 de junio con la exposición de las conclusiones por parte de las acusaciones.

Este martesle tocó el turno a las defensas e hicieron uso de la palabra los abogados de siete de los acusados, en una jornada que se alargó hasta bien entrada la tarde. En concreto, el de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde; el de Joaquim Forn, Xavier Melero; el de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, Jordi Pina, y el de Carles Mundó, Jordi Riba.

Los primeros letrados en hablar reconocieron delitos como la desobediencia en el 'procés', pero negaron la tesis de la Fiscalía de que lo que pasó en Cataluña fue un alzamiento violento, tal y como requiere el delito de rebelión que les achaca la Fiscalía. La primera en arrancar en la sesión de este miércoles será Marina Roig en representación de Jordi Cuixart.

La abogada debía haber hablado ayer pero pidió que se retrasara su intervención por encontrarse indispuesta. Cuando acaben su exposición los letrados de los doce acusados (tienen una hora de tiempo por cada defendido), llegará el final del juicio con el turno de la última palabra de los enjuiciados.

Si lo desean, los doce encausados podrán hacer uso de ese derecho para defender lo que consideren o decir aquello que creen que ha quedado pendiente, y tendrán para ello 15 minutos cada uno. Una vez eso ocurra, el juicio quedará visto para sentencia, una resolución que no se espera hasta después del verano y en la que el tribunal deberá resolver las peticiones de pena pedidas por las acusaciones.

Nueve de los acusados se encuentran en prisión preventiva acusados de rebelión agravada con malversación por la Fiscalía, que pide entre 16 y 25 años de cárcel, y de sedición y malversación por la Abogacía, que rebaja sus penas a entre 8 y 12 años. Los otros tres acusados en libertad se enfrentan a una condena de 7 años por malversación y desobediencia.