"No voy a ser un obstáculo"
Dimite la consejera de Industria de Asturias por el accidente minero que dejó cinco muertos
El contexto Una explosión ocurrida el pasado 31 de marzo en una mina de Cerredo, en Degaña (Asturias), dejó cinco víctimas mortales y cuatro heridos de diversa consideración.

Resumen IA supervisado
La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias, Belarmina Díaz, ha anunciado su "dimisión irrevocable" tras explicar en el pleno de la Junta General del Principado el accidente minero del 31 de marzo en la mina de Cerredo, que causó la muerte de cinco trabajadores. Díaz presentó su dimisión al presidente del Principado, Adrián Barbón, agradeciéndole la confianza depositada en ella desde febrero. Afirmó que asumió el cargo para trabajar por Asturias y que, pese a centrarse en la "investigación, verdad y justicia" tras el accidente, la oposición solo busca atacarla personalmente.
* Resumen supervisado por periodistas.
La consejera asturiana de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ha anunciado este martes su "dimisión irrevocable" tras haber dado en el pleno de la Junta General del Principado explicaciones sobre el accidente minero que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo, en Degaña.
La consejera ha señalado que presentó ayer por la tarde su dimisión al presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien ha agradecido la confianza que depositó en ella para el cargo que ocupaba desde el pasado mes de febrero.
No obstante, ha afirmado que si aceptó asumir esa responsabilidad fue porque "quería trabajar por y para Asturias" y que, aunque desde el accidente minero su único objetivo era "investigación, verdad y justicia", a la oposición no le interesa conocer por qué se produjo la explosión y tan solo ejercer "un ataque permanente y personal" contra ella que ha dicho no merecer.
"En ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, para conocer la verdad y para que se haga justicia", ha señalado antes de finalizar su intervención desde la tribuna del hemiciclo y en presencia del presidente asturiano, con quien se ha fundido en un abrazo.
Las peticiones de cese o dimisión de la titular de Industria se venían repitiendo desde los grupos de oposición desde la semana pasada, tras las primeras explicaciones dadas por la consejera en sede parlamentaria sobre lo sucedido el 31 de marzo en la mina del suroccidente asturiano en la que murieron cinco trabajadores leoneses y otros cuatro mineros resultaron heridos.
Partido Popular, Foro y Vox, pero también para IU-Iniciativa por Asturies, socio de los socialistas en el Gobierno regional, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (anteriormente de Podemos) habían criticado la falta de transparencia de la consejería y puesto en duda la gestión llevada a cabo por la consejera, que, hasta su nombramiento en febrero, había estado siete años al frente de la Dirección General de Minas del Principado.
Comisión parlamentaria de investigación
La dimisión de la consejera socialista se produce en un momento en el que ya hay una mayoría parlamentaria conformada por el PP, Vox y los dos diputados del Grupo Mixto para activar una comisión especial de investigación en la Junta General del Principado con la que dirimir responsabilidades políticas por el accidente, al margen de las penales que se deriven de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Cangas del Narcea.
IU-Iniciativa por Asturies también viene reclamando desde hace días la necesidad de "abrir puertas" y exigir responsabilidades políticas, en contra de lo que defiende el ala socialista del gobierno, que considera que se está actuando con transparencia y dando todas las explicaciones ante las dudas que han surgido en torno a las licencias y denuncias de extracción ilegal que pesan sobre la mina.
La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo, según todos los indicios, por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.
Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de la guardería rural en la que se advertían de que se estaba sacando carbón de la mina y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad.