Arturo Canalda ha sido esclavo de sus palabras, ya que anteriormente había anunciado que dimitiría si un juez le llamaba a declarar. Ahora ha cumplido y se ha ido a su casa, o más bien se ha quedado directamente allí, porque ha dimitido por carta y no se ha presentado a la reunión del Consejo de la Cámara de Cuentas.
Ahora, la lupa está sobre Juan Bravo, el otro de los 24 imputados que conserva cargo público hoy. Es el presidente de ADIF.
Bravo era consejero de Hacienda, y hombre de máxima confianza de Gallardón, cuando se aprobó la operación de compra de Inassa. Además, es su firma la que aparece junto a la del expresidente madrileño en la autorización del Consejo de Gobierno.
El ministro de Fomento, de quien depende, se reunirá con él. También tendrá que vérselas con el juez Pedro Calvo, otro de los hombres más cercanos a Ruiz-Gallardón.
Presidente del Canal en el momento de la compra, Calvo tendrá que responder por qué la compra se hizo a través de una sociedad en Panamá. De momento son 24 los investigados, toda la cúpula de Gallardón. Sólo queda uno para hacer pleno.