El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha llevado este viernes un discurso muy medido para defender su gestión de la DANA en Les Cortes Valencianes, donde disparó contra todos y evitó hacer autocrítica. En unas intervenciones casi todas escritas, las palabras de Mazón han sido medidas casi al milímetro entre otras cosas para evitar posibles consecuencias penales por su gestión.

El periodista de Tribunales de laSexta Alfonso Pérez Medina ha explicado que las declaraciones de Mazón han ido en un sentido para "eludir todas las responsabilidades", controlando hasta el detalle cada palabra por "las consecuencias que podría tener en una eventual investigación judicial".

"Hay que tener en cuenta que si finalmente se abre un procedimiento judicial, la clave sería poder demostrar o no que ese retraso en la alerta que se mandó a los ciudadanos fue la causa directa de que se produjeran esas muertes", ha afirmado Pérez Medina, sobre la responsabilidad en un tragedia donde todo se hizo mal, provocando más de 215 muertes.

El mismo portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le ha espetado al jefe del Consell que su discurso de este viernes en el que ha desgranado lo ocurrido el 29 de octubre y en el que ha señalado la falta de información ofrecida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para la gestión de las alertas, "no se lo han escrito sus asesores, sino sus abogados". "Parecía un escrito de defensa", ha destacado.

A día de hoy, ha recordado, se han presentado ya una decena de querellas por homicidios imprudentes, una de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el propio Mazón y el resto ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque están dirigidas contra el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y sus ministros.

Solo en el Supremo se han registrado un total de nueve denuncias y querellas con autoría variopinta -desde Vox a asociaciones de lucha contra la corrupción y particulares- que apuntan a presuntos delitos de omisión del deber del socorro y homicidio imprudente contra Sánchez, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Teresa Ribera, Mazón y el Ejecutivo valenciano en general.

A ello se suman dos acciones contencioso-administrativas ante el Alto Tribunal, una firmada por un abogado valenciano que ha demandado a Sánchez y Grande-Marlaska por su "clara inactividad" ante la DANA y otra presentada por Liberum ante el TSJCV -que este ha derivado al TS- contra la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Sánchez por "incumplimiento de sus obligaciones legales".