La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Pilar Alegría, ha avanzado que el Ejecutivo trabaja para que "todos los alumnos" de Formación Profesional coticen a la Seguridad Social durante el periodo de prácticas "a través de un único contrato que será subvencionado por el Gobierno".

Alegría ha precisado que su departamento es "consciente" de que este sistema tiene que "ser flexible" para que "cada territorio lo adapte a su estructura empresarial", por lo que ha discutido "detalladamente" el tema con las comunidades autónomas.

"También es muy importante que se produzca un cambio en la cultura empresarial para que la formación dual progrese todo lo que esperamos, tarea en la que están de acuerdo las organizaciones empresariales", ha explicado durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

En este sentido, la ministra ha destacado el impulso y modernización de la FP, lo que, a su juicio, se trata de "un verdadero proyecto de país que justificaría solo una legislatura". "Tener un título de FP de Grado Medio o Superior mejora de forma muy destacado la empleabilidad", ha subrayado también.

Así será el estatuto del becario

Esta medida va en la misma línea en la que trabaja la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la elaboración del nuevo estatuto del becario. En él se prevé que los jóvenes becarios tendrán que cobrar, al menos, para hacer frente a gastos básicos, y cotizarán para la seguridad social, por lo que podrán acceder a la prestación por desempleo.

Además, el primer borrador propone limitar el número de personas que se encuentren al mismo tiempo en prácticas durante una misma empresa.

El Gobierno pretende con estas políticas decir adiós a los contratos de prácticas abusivos. Según Eduardo Magaldi, portavoz confederal de 'Ruge UGT', "hay empresas en las que el 70% de la plantilla son personas becarias que están haciendo trabajo estructural de empresa como cualquier otro trabajador y trabajadora". La mayoría, ni cobra ni está dada de alta en la Seguridad Social. Un abuso, según los sindicatos, que opinan que ocupan la posición de un trabajador ordinario.