El Gobierno de la Comunidad de Madrid está en guerra, con choques entre consejeros del PP y de Ciudadanos por la gestión en las residencias durante el comienzo del estado de alarma. Ayuso ha defendido que no se incurrió en ninguna ilegalidad, pero lo cierto es que el dato es demoledor: el 80% de los fallecidos en marzo que vivían en residencias madrileñas no fueron trasladados a un hospital.
Pese a esto, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sigue defendiendo que no se dejó de trasladar a ningún anciano a hospitales y que se guiaron en todo momento por decisiones clínicas: "Se actuó con el criterio de los geriatras y, en ningún caso, se aplicaron los borradores que tuvieron más revuelo", ha manifestado en 'RNE'.
Sin embargo, ha habido revuelo porque aunque ha dicho que se trataba de un borrador, contenía criterios de exclusión para el traslado desde las residencias, de los que alertó el consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos en Al Rojo Vivo. "El protocolo establecía unas exclusiones a personas con dependencia y con discapacidad", criticó Alberto Reyero.
En este sentido, Reyero aseguró en Al Rojo Vivo que no se trataba de un borrador, sino de un protocolo con el que corría el riesgo de dejar morir de forma indigna a cientos de residentes. "Yo avisé de palabra y avisé por escrito", aseguró el consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, a lo que añadió que no recibió respuesta por parte de la Consejería de Sanidad.
Por su parte, los populares hablan de decepción con sus socios de gobierno y mantiene que hicieron "lo que humanamente era posible", tal y como ha defendido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
El asunto, en la mesa del Supremo
El asunto ya está en la mesa del Supremo y los expertos apuntan a que hay que analizar cada supuesto concreto, aunque también afirman: "Con los datos que tenemos y a la vista del gran número de ancianos que tenemos no se puede descastar que exista responsabilidad civil e incluso penal", afirma el magistrado Joaquim Bosch.
De existir responsabilidad penal, en ningún caso sería del gobierno autonómico en su conjunto, "sino de las personas que han acordado esas instrucciones para que no se derivaran los ancianos de residencias a hospitales", tal y como indica Bosch.