La legislatura se acaba. El próximo viernes se celebra el último Consejo de Ministros donde se anunciará formalmente el adelanto electoral y la disolución de las cortes.
De ahí que el Ejecutivo Pedro Sánchez utilice los Decreto-ley para aprobar algunas de las reformas en las que estaba trabajando como las pensiones, la baja de paternidad,la exhumación de Franco y la reforma laboral. Mientras que los sindicatos presionan para que esta última medida se apruebe, la patronal considera que es un atropello.
Antes de la cita con las urnas, Pedro Sánchez asegura que van a "trabajar hasta el último minuto de la legislatura". El Gobierno intentará apurar al máximo los tiempos para aprobar varias medidas sociales. "Si hay una posibilidad de que se puedan incorporar a una norma, pues lo haremos", indicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Vía decreto-ley, el ejecutivo estudia derogar partes de la reforma laboral de 2012. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, aseguraba que traerán "la reforma laboral con la figura del real Decreto-ley". "Y espero que ustedes la convaliden", decía Valerio a la oposición en el Congreso.
La norma incluiría medidas como el registro diario de las horas de trabajo, la vuelta a la ultractividad y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Pero además, Sánchez ha anunciado que aprobarán un decreto-ley de Igualdad Laboral, con "medidas para favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres", según el presidente.
Además del aumento progresivo del permiso de paternidad hasta llegar a las 16 semanas en 2021, el subsidio para desempleados mayores de 52 años y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres. "Lo vamos a aprobar antes de las elecciones", declaraba Pedro Sánchez.
También podrían intentar consensuar un nuevo decreto sobre vivienda. "Los alquileres tienen que regularse y los compromisos tienen que cumplirse", demandaba Ada Colau.
Y después de que esta semana se haya disuelto el Pacto de Toledo sin acuerdo, analizan si blindar por decreto la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. Los sindicatos meten presión para que se aprueben estas medidas. El secretario general de CC.OO, Unai Sordo, criticaba así al gobierno de Sánchez: "De deprisa y corriendo nada, el gobierno ha sido poco audaz hasta ahora. Ha ido muy lentito".
La patronal, por su parte, no ve urgencia. "Deberíamos de esperar a que se gestione el nuevo Parlamento", indicaba Antonio Garamendi, portavoz de la CEOE.
Las Cortes se disuelven el cinco de marzo, de modo que tendría que ser la Diputación Permanente la que convalidase estos decretos-ley en un plazo de 30 días. "Aunque sea en la Diputación permanente esperamos contar con el apoyo de la Cámara", explicaba la portavoz parlamentaria Adriana Lastra.
La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado 35 decretos-ley desde la Transición.