La Comisión Bilateral Estado-Generalitat ha culminado sin "acuerdos materiales" y ha servido para constatar la discrepancia en los asuntos relativos a "la autodeterminación" o los soberanistas presos, pero las dos partes se han emplazado a seguir dialogando abriendo comisiones sectoriales.

Casi cuatro horas ha durado la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat desde 2011, que ha presidido la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, por parte del Gobierno, y el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, por la parte catalana.

Al término del encuentro, Batet ha explicado que el Gobierno, en una reunión que ha definido como "cordial y franca", ha rechazado crear un grupo de trabajo propuesto por el Govern para estudiar la aplicación del derecho a la autodeterminación, al estimar que no cabe en el marco constitucional, y ha eludido negociar sobre los presos soberanistas, alegando que compete al ámbito judicial.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el conseller catalán de Acción Exterior, Ernest Maragall

Pero la ministra ha aseverado que el Ejecutivo tiene "un proyecto integrador" para Cataluña y ha garantizado "lealtad institucional" para acordar otros asuntos, una lealtad que ha advertido a la Generalitat de que es necesaria para que se puedan producir "avances de verdad".

Sin embargo, Maragall, en otra rueda de prensa posterior, ha lamentado que no haya habido "ningún avance" en materia de referéndum de autodeterminación y presos soberanistas por la negativa del Gobierno del Estado a negociar, pero ha avisado de que "esto no nos parará".

"La reunión ha sido correcta y se ha desarrollado en un tono de respeto institucional, pero además de franca -como la ha definido Batet- ha sido dura", ha indicado, porque en ella se ha evidenciado "la distancia" que hay en los planteamientos que tienen ambos gobiernos, especialmente a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con el proceso soberanista.

"Queríamos hablar de cosas que para Cataluña son muy importantes en materia de derechos", lo que incluye "los presos y los exiliados" independentistas y el ejercicio del derecho de autodeterminación, ha indicado Maragall, que ha añadido: "pero nos hemos encontrado con un 'no'".

El conseller además ha aseverado que durante la reunión el Gobierno no ha puesto sobre la mesa ningún proyecto para Cataluña: "No hemos oído hablar en ningún momento de él, ni una palabra".

Pese al choque en la cuestiones relativas al 'procés', Gobierno y Generalitat han acordado mantener el diálogo para tratar de solucionar asuntos del día a día, sin que aún se hayan podido llegar hoy a "acuerdos materiales" por la corta vida que tienen los dos ejecutivos, según ha resaltado Batet.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet

En todo caso, para proseguir en el diálogo, las dos partes han acordado constituir todas las comisiones que se derivan de esta bilateral y que están previstas en el Estatut, que se van a desarrollar a lo largo de este año y que culminarán en otra Bilateral antes de que finalice 2018.

Para ello, este agosto el Gobierno nombrará a sus representantes para cada uno de ellas, algo que la Generalitat ya hizo.

Entre la creación de comisiones indicadas por la ministra, destacan la comisión mixta para asuntos económicos y financieros, en la que habrá dos grupos de trabajo: uno sobre tributos propios y otro sobre financiación, desde el que se podrá abordar un futuro nuevo modelo de financiación autonómica.

Ha anunciado asimismo la activación de una subcomisión de seguimiento normativo, previsión y resolución de conflictos, que servirá para abordar conflictos competenciales y leyes en litigio en el Constitucional.

En este punto, la ministra ha defendido un replanteamiento respecto al anterior Gobierno del PP, pues ha defendido que el Estado no debe actuar con el criterio de "sospecha de todo lo que viene de los territorios" y, en este sentido, ha apostado por "buscar el encaje constitucional para atender las necesidades de los ciudadanos".

Batet ha expresado la voluntad del Gobierno de dar prioridad a la recuperación de leyes catalanas suspendidas que afecten a los "derechos sociales".

Además, la ministra ha indicado que se activarán la comisión mixta de transferencias y la comisión bilateral de infraestructuras.