La expectación es máxima. Todo el mundo está mirando al Tribunal Supremo con la calculadora en la mano porque, en caso de que la sentencia sea favorable a los compradores de viviendas con una retroactividad de cuatro años tendría un fuerte impacto para las Comunidades Autónomas. "Si tuviera que soportarse por parte de las cuentas públicas supondría 5.000 millones", ha señalado la ministra de Hacienda.
En ese caso, según se ha expresado María Jesús Montero, Pedro Sánchez tendría que explicarle a Bruselas que el deficit público se vería afectado de manera temporal. Así, se abriría un diálogo con la banca para determinar quién paga. En palabras de la titular de Hacienda: "Se hablará con las entidades financieras para determinar los mecanismos".
Fuentes de Hacienda esperan que la sentencia sea lo suficientemente clara para que todos sepan a qué atenerse y que ese dinero, que pagarían las comunidades autónomas, sea devuelto a su vez por los bancos a las regiones. Dirigentes como Francisco Fernández Vara tienen claro que, de tener que pagar su comunidad autónoma, lo reclamará a la banca. "Las haciendas públicas salen del bolsillo de los ciudadanos", ha precisado el presidente de la Junta de Extremadura.
La decisión del Supremo se presume ajustada, y desde Ciudadanos esperan que las presiones no influyan. "Que las presiones de ningún sector cambien la voluntad de un magistrado", ha reclamado Albert Rivera, presidente de la formación naranja, en declaraciones a 'Antena 3 Noticias'.
Por su parte, al partido de Pablo Iglesias le parece que con este "espectáculo" la imagen del Supremo queda en entredicho. "Es lamentable", ha criticado Rafa Mayoral, responsable de la sección de Sociedad Civil de Podemos. Con todo ello, se espera una sentencia con efectos importantes pero que aún arroja muchas dudas.