La ministra de Justicia niega que el gobierno haya cambiado de postura sobre el juez Llarena en la denuncia interpuesta contra él por el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. "No ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo, sino un estudio de cada una de las acciones que debíamos de realizar para hacerlo bien", ha asegurado Dolores Delgado en una entrevista concedida a RNE.
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste ahora en que defenderá al magistrado Llarena y a la jurisdicción española "hasta las últimas consecuencias", pero no siempre ha sido tan claro. Hace cinco días, el Ministerio de Justicia afirmaba en un comunicado que estudiaba "contratar un bufete privado que defienda la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española sin asumir en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen". Para el PP, el Gobierno volvió a equivocarse.
"Solo aciertan cuando rectifican, ya solo les queda rectificar la moción de censura", ha afirmado a Antena 3 Noticias teodoro García Egea, secretario general del PP. Durante estos días, asociaciones de jueces y fiscales han pedido al Gobierno una rectificación. "Que al final se haya impuesto la cordura y, sobre todo, el interés de España", ha valorado Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Para Unidos Podemos, este asunto es privado y solicita que sea el juez Llarena quien afronte su defensa.
"Debe ser él quien se pague con sus recursos su defensa", ha considerado en el programa Al Rojo Vivo Yolanda Díaz, diputada de En Marea en el Congreso. Por su parte, desde ERC advierten al Gobierno. "Se suma a la defensa de Llarena violando la separación de poderes en este país", ha denunciado el diputado Gabriel Rufián en al Rojo Vivo. Para Ciudadanos, el Gobierno tiene la obligación de defender al magistrado.
En palabras de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos: "Es una obligación moral defender a los que dan la cara por hacer cumplir las leyes". Precisamente, la formación naranja ha registrado en el Congreso una proposicion no de ley para que el Ejecutivo de Sánchez asista al juez Llarena