España le pide a la ONU que inhabilite a dos de los cinco miembros que participaron en el informe que condenaba la prisión de los líderes catalanes. "Hay conflicto de intereses porque varios de ellos han tenido relación con uno de los abogados", ha dicho Isabel Celaá, portavoz del Gobierno.
Un documento al que el Gobierno catalán se ha agarrado para solicitar por carta a Pedro Sánchez la libertad de los presos y califica como surrealista la recusación. "Que afronten la realidad de lo que dice el dictamen del grupo de trabajo y dejen de cuestionar a sus miembros", ha asegurado Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat.
Es el enésimo enfrentamiento entre Gobierno catalán y central y preocupa a los empresarios. El presidente de la patronal catalana hablaba de la necesidad de un entendimiento en pro de la economía.
"Este conflicto se debe desenquistar para impulsar la economía productiva", ha apuntado Sánchez Llibre, presidente del Foment del Treball.
A su lado, un vicepresident de la Generalitat que defendía la situación económica en Cataluña estos últimos años. "Esta sociedad ha resistido una campaña de intoxicación de su realidad", ha sostenido Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat de Cataluña.
En el mismo foro, el presidente de la élite empresarial catalana le pidió directamente a Torra que dé prioridad a la gestión de Gobierno porque la economía catalana, dijo, se está resintiendo. "La orientación única al conflicto político debilita la acción de Gobierno en el día a día", afirmó Juan José Bruguera, presidente del Cercle d'Economia.
Torra, lejos de darse por aludido, pedía a los empresarios que estén "en la defensa de aquello que quiere el 80% de la ciudadanía catalana, un referéndum para decidir el futuro político del país".
Un referéndum que, dice, beneficiaría a los empresarios y a todos los ciudadanos.