Con el fin de evitar las multas el gobierno catalán ha decidido disolver la Sindicatura Electoral de Cataluña. "Es una manera de proteger a estas personas. Es una muestra más de la represión del Estado", ha criticado Carme Forcadell, presidenta del Parlament.
El Constitucional impuso multas de 6.000 a 12.000 euros diarios a los miembros de la Sindicatura si no abandonaban su actividad. El anuncio de la disolución se ha producido tras la reunión extraordinaria del Gobierno, que denuncia la ofensiva autoritaria del Estado español contra el ente electoral elegido por el Parlament.
"Intentamos separar al máximo las competencias. Esto al Estado español le cuesta porque está todo mezclado: el ejecutivo, el judicial y el Constitucional", ha expresado el conseller de Presidencia catalana, Jordi Turull. Por su parte, para el ministro de Justicia la decisión es irrelevante. "Era innecesario porque ya habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional", ha considerado Rafael Catalá.
Según fuentes del Tribunal Constitucional a laSexta, esta decisión certifica que ya no puede haber un referéndum con garantías: no hay junta electoral y tampoco hay independencia que dependía de la suspendida Ley de Transitoriedad. Ahora el gobierno catalán ha pedido a organizaciones académicas internacionales que continúen su labor y sean garantes del proceso.