El juez Llarena quiere que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien decida el futuro inmediato de Puigdemont: "No hay muchos precedentes. La justicia alemana ha discrepado de la idea de violencia que ha aplicado el Tribunal Supremo" ha asegurado Joaquim Bosch, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia.
El expresident no será entregado a la justicia española por rebelión y ahora se abren una serie de incógnitas en torno a todo el proceso judicial: "Todo lo demás sigue vivo. Muy posiblemente sea entregado a las autoridades españolas por malversación, cohecho o prevaricación" ha explicado Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
En el caso de que vuelva para ser juzgado por malversación: se enfrentaría a una pena máxima de 12 años de cárcel que contrastan con los hasta 30 años que podrían caerle al resto de procesados por rebelión: "La calificación de rebelión que hace Llarena queda muy tocada por el hecho de que el líder viene a España y no se le va a juzgar por rebelión" asegura Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional.
La mayoría de expertos coinciden en destacar esta "llamativa" situación aunque algunos no descartan que, finalmente se caiga el delito de rebelión: "Ya veremos si el fiscal acusa por eso o no. Puede mantener el delito de rebelión o a la vista de las circunstancias no sostenerla" ha explicado Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional. Otra hipótesis, mucho menos probable, es que el juez Llarena vuelva a retirar la euroorden contra Puigdemont.
