Pablo Llarena se siente abandonado. Según 'El Confidencial', el magistrado interpreta que el Gobierno ha caído en la estrategia de los líderes independentistas en un intento por desacreditarle. Llarena se enfrenta a una demanda civil interpuesta en Bélgica por Carles Puigdemont y sus exconsellers por el procedimiento que ha dirigido.
El Ejecutivo de Sánchez señala que sólo defenderá al magistrado en cuestiones sobre la instrucción del 'procés'. Pero no por sus manifestaciones personales, como esta: "Un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico penal y que por una consideración política esos comportamientos son perseguidos. No es el caso".
Asociaciones de jueces y fiscales han mostrado a través de un comunicado su "estupor" por la decisión del Gobierno. Le acusan de "dejación de funciones" por no defenderle. "El Estado ante eso ha de actuar y asumir la defensa", ha afirmado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
'Juezas y Jueces para la Democracia' y la 'Unión progresista de Fiscales' se desmarcan de esta postura. "En la teoría se distingue entre el ciudadano Llarena y el juez Llarena. En la práctica puede ser complicada la distinción, pero para ese caso está contratado un bufete belga", ha manifestado Ignacio González Vega, portavoz de 'Juezas y Jueces para la Democracia'.
El PP ya ha anunciado que promoverá acciones en apoyo al juez en las cámaras parlamentarias y hasta en la calle, si hiciera falta. En este sentido, EL secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha declarado que "el señor Pedro Sánchez es hoy el mejor abogado de Puigdemont frente al juez Llarena".
Van a pedir explicaciones al Gobierno, como también lo va a hacer Ciudadanos. "Vamos a solicitar una comparecencia inmediata del Gobierno para que explique por qué han abandonado al juez Llarena", ha asegurado Begoña Villacís.
De momento, el Gobierno sólo contratará a un letrado belga, pero exclusivamente para proteger "la inmunidad jurisdiccional" de España.