El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, al considerar que aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
El juez de la audiencia nacional asegura que la familia Pujol actuaba como una organización jerarquizada, en la que cada uno tenía una tarea designada. De la Mata afirma que funcionó el tiempo suficiente como para conseguir su objetivo, beneficios multimillonarios que habrían obtenido a través de actividades ilícitas.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera que los hechos investigados serían constitutivos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Según el auto, la familia Pujol Ferrusola "constituían una pluralidad de personas claramente concertadas para desarrollar esta estrategia criminal". Estas personas -añade. actuaron dentro de una "estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos (el primero los jefes, el segundo el responsable superior de gestionar las operaciones, el tercero los gestores beneficiarios de las cantidades ilícitas, y el cuarto los fiduciarios)".
"La actuación se produjo mediante una distribución diferenciada de tareas o de funciones entre líderes; el responsable de la coordinación y de las tareas económico-financieras; los beneficiarios de los beneficios ilícitos y testaferros y los fiduciarios", añade.
Asegura el juez que la organización "ha mantenido una perfecta coordinación entre todos sus integrantes": "La organización ha mantenido estabilidad temporal suficiente (muchos años), para la efectividad del resultado jurídico apetecido".
Entiende que la finalidad de la organización era "claramente ilícita: obtener multimillonarios beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas".
En la resolución, el juez procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su mujer Marta Ferrusola Llados y contra sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.
Acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón Gironés Riera, Ana Vidal Maragall y Amelia Barrigón Lafita.