El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que su departamento comenzará a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por el procés a partir de la semana que viene.

Así lo ha manifestado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso tras una pregunta de Laura Borrás, portavoz de Junts per Catalunya en la cámara baja sobre la deriva de la justicia española al respecto.

Al respecto, fuentes gubernamentales han indicado que comenzarán los trámites administrativos de los indultos que ya se han solicitado. Un proceso que suele durar de cinco a nueve meses.

La portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrás, ha admitido que la noticia es la "bomba" que le ha soltado Juan Carlos Campo y que incluso a ella le ha cogido por "sorpresa". En todo caso, la independentista catalana se ha mostrado escéptica sobre cómo se concreta este anuncio de Campo porque, según ha remarcado, comenzar a tramitar indultos "no significa concederlos".

También reconoce que los indultos no pueden desvincularse de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero ha insistido en que su partido quiere antes ver el proyecto.

Desde ERC, la reacción ha llegado desde la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, que considera un "parche" los indultos y pide una amnistía para los condenados por el 1-O. "Tenemos un conflicto político con compañeros en la cárcel. No queremos que el Gobierno español les indulte, como si les perdonara", ha añadido.

Los indultos que se han solicitado, según fuentes gubernamentales, son los de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, y Dolors Bassa, ex consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia han explicado que la solicitud de indulto es individual aunque "arrastra a las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre el mismo caso, por lo que se envía una única petición al tribunal sentenciador".

El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las solicitudes deben ser sometidas a informe del tribunal sentenciador, en este caso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, debiendo ser oído previamente el Ministerio Fiscal.

Tras este anuncio del ministro de Justicia, tanto Partido Popular como Vox han adelantado que acudirán ante el Tribunal Supremo si estos indultos se conceden. La formación de Pablo Casado considera que se trata de un "gesto político" que se da "en el momento de la negociación de los presupuestos".

Carmen Calvo ha negado que la tramitación de los indultos a los presos del "procés" sea un gesto a formaciones independentistas. "Que se serene el PP", ha enfatizado antes de recordar que la tramitación de los indultos es una de las obligaciones de la administración general del Estado, y en concreto, del Ministerio de Justicia.

Por su parte, fuentes de Ciudadanos consideran "del todo inadmisible que el Gobierno baraje la posibilidad de indultar a los líderes separatistas que dieron un golpe de Estado en Cataluña". Por ello, anuncian que recurrirán en caso de que el PSOE continúe adelante con los indultos y denuncian que "es intolerable que los políticos puedan tener privilegios por el mero hecho de serlo".

El ministro ha explicado en Al Rojo Vivo que esta era una reforma que hace tiempo que debería haberse hecho pero que nunca se planteó porque "no había habido necesidad de hacerlo porque no era un delito aplicado". Campo ha señalado que "no cabe una reforma del Código Penal exprés" y que esta modificación "va a tener todos los informes necesarios y precisos".