El Tribunal de Cuentas ha acordado el inicio de una investigación de los gastos de la red diplomática de la Generalitat para comprobar el destino dado a los recursos asignados a la política de acción exterior de Cataluña entre los ejercicios 2011-2017.
Así lo ha acordado el Pleno del tribunal en una resolución que da respuesta a las medidas aprobadas por el Pleno del Senado para la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.
Para llevar a cabo esa fiscalización, el Tribunal de Cuentas solicita información de hasta 29 entidades, entre ellas del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, liquidado ya por la aplicación del 155 y que era una entidad público-privada al servicio de la Generalitat para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional.
Una información que se tendrá que remitir a medida que esté disponible. En concreto, quiere que se le remita una exhaustiva información de las cuentas, gastos y actividades de un conjunto de entes que van desde el Diplocat hasta el Institur Ramon Llull, la Casa Asia, la Promotora de Exportaciones Agroalimentarias o la Corporación catalana de Medios Audiovisuales.
Pero también del Instituto Catalán Internacional por la Paz, la Agencia Catalana de Turismo, la Fundación Wassu, el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña o la Fundación Casa América Cataluña, entre otros.
Entre la información que el tribunal fiscalizador solicita figura toda la normativa en materia de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, la relativa a las comunidades catalanas en el exterior y la de las unidades de representación institucional en el extranjero, así como el organigrama de la comunidad autónoma para su política diplomática.