El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde ha citado a la presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell y a los otros cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara para tomarles declaración los próximos días 2 y 3 de noviembre a partir de las 9.30 de la mañana en el marco de la querella por rebelión presentada contra todos ellos ayer por la Fiscalía.
Tienen obligación de comparecer ya que al tratarse de diputados autonómicos la investigación penal en el Supremo no requiere suplicatorio.
La Sala de admisiones del Tribunal Supremo, que integran cinco magistrados, ha admitido a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa del Parlament que participaron en la declaración unilateral de independencia y en las resoluciones soberanistas.
Tras reanudar la deliberación que inició un día antes, el Supremo ha designado instructor de la misma al magistrado Pablo Llarena, que fue portavoz de la asociación mayoritaria en la Carrera, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
La querella se presenta contra un total de seis personas: la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot.
Se les atribuye, entre otros, el delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel, al entender el Ministerio Público que los "cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados" con sus actos, "realizados con absoluto desprecio" a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de España, que es "patria común e indivisible de todos los españoles".
Para la Fiscalía, los hechos atribuidos a los parlamentarios "se han desarrollado más allá del territorio de Catalunya y han producido efectos traspasando el territorio de dicha comunidad autónoma, irradiando al resto del territorio nacional".
Añade que el aforamiento de todos ellos subsiste en tanto mantienen sus cargos como miembros de la Diputación Permanente del Parlament de Catalunya. Por ello, se entiende que son aforados ante el alto tribunal y éste acepta su competencia.