Pasa siempre que se celebran elecciones en España. Tras conocer los resultados que arrojan las urnas, no son pocos los partidos que protestan y piden revisar el sistema electoral que mide el voto de los ciudadanos: consideran que la Ley D'Hondt no es justa. ¿Por qué?

La Ley D'Hondt, nombre que recibe este método por un matemático y jurista belga que ideó un sistema de reparto de escaños con la intención de que representara de la forma más proporcional posible la decisión de voto de los ciudadanos, no solo se aplica en España: Portugal, Finlandia o Japón también llevan a cabo sus comicios rigiéndose por esta fórmula.

Pero ¿en qué consiste? En nuestro país, cada provincia representa una circunscripción (en este caso, 52). A cada circunscripción se le asigna un número de diputados: todos tienen dos a excepción de Ceuta y Melilla, que tienen asignados uno. Con este cálculo, quedan en el aire 248 escaños que se reparten según la población de cada provincia. Esto hace que Madrid o Barcelona cuenten con más diputados (36 y 31, respectivamente) que lugares como Zamora o Soria (3 y 2).

Te ponemos un ejemplo: en una provincia en la que se reparten cinco escaños, la Ley D'Hondt descarta desde un principio las candidaturas que no hayan obtenido, como mínimo, el 3% de los votos. Para el resto, los resultados se dividen entre los escaños a repartir: cinco. Entonces, se ordenan de mayor a menor, según el número de votos que las formaciones hayan recibido, y se cogen los cinco resultados más altos de esas divisiones.

Este es el método de reparto que establece la propia Constitución Española. Ahora, ¿a quién favorece la Ley D'Hondt? A los grandes partidos, pero la responsabilidad recae exclusivamente en el tamaño de las propias circunscripciones. Así, en Madrid, durante las elecciones generales de 2016, cada escaño necesitó 96.272 votos para entrar en el Congreso, mientras que en provincias como Soria solo hacían falta 24.809 para conseguir un diputado.

¿Cómo funciona la Ley D´Hont?

Circunscripción única con el método D'Hondt

Con el sistema de medición de voto que se usa en España, Vox ha sido el partido más perjudicado. Nos ponemos en situación: en estas elecciones generales, el PSOE ha conseguido 123 escaños; el PP, 66; Ciudadanos, 57; Unidas Podemos, 42; y Vox, 24). Pero ¿qué pasaría si sus votos se hubieran medido con una ley electoral de circunscripción única que no contara con barreras electorales?

Para ello, aplicamos dos métodos. El primero, el reparto de D'Hondt, pero modificado. Con esta ley, el PSOE habría perdido 18 diputados (tendría 105), el PP habría bajado aún más (61 en vez de 66), Ciudadanos habría conseguido un escaño más (58), Unidas Podemos habría logrado nueve más (51) y Vox hasta 13 (37 en vez de 24).

El resto de formaciones (desde ERC hasta el Partido Regionalista Cántabro) habría conservado el mismo número de escaños en su conjunto, con una variación de uno o dos escaños arriba o abajo. Para ser más precisos, así habrían quedado estos partidos con un reparto bajo circunscripción única (ERC bajaría de 15 a 14; En Comú Podem subiría de 7 a 8; Junts per Catalunya, de 7 a 6; PNV, de 6 a 5; PACMA, de 0 a 4; EH Bildu, de 4 a 3; Compromís, de 1 a 2; Front República y BNG, de 0 a 1; el Partido Nacionalista Canario y el NA+ (UPN, PP y Cs en Navarra), de 2 a 1; y el Partido Regionalista Cántabro, de 1 a 0.