Hoy ellos también votan, y lo hacen por primera vez. Son 100.000 personas inhabilitadas judicialmente por una discapacidad intelectual las que acuden a los colegios electorales con la seguridad de que depositarán su papeleta.
La urna se ha destapado. "Por fin mi voto cuenta", dice uno de los votantes. "Me ha llegado la tarjeta para votar. Estoy en el censo, mi voto cuenta", señala otro.
"Las personas con Síndrome de Down, con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental estaban privadas y no entendían por qué una democracia los estaba excluyendo, aún teniendo 18 años, y veían como sus compañeros votaban y ellos no", explica Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI).
En febrero lo practicaron con un simulacro en el que se mostraron orgullosos del logro y hoy lo harán oficialmente. Y no sólo votan, sino que además algunos integran las mesas electorales. "Nuestro sistema democrático ahora es mejor abriendose a las personas con discapacidad", apunta Cayo.
A Ruben su discapacidad no le ha impedido trabajar o estudiar y ahora tampoco le imposibilitará votar. "Seremos discapacitados, pero debemos tener derecho al voto", afirma.
En España hay cuatro millones de personas con discapacidad. Más de tres millones y medio tienen más de 18 años pero, de estos, 100.000 estaban inhabilitados judicialmente por su discapacidad.
"A nadie se le pregunta si sabe leer o escribir, si es un catedrático o no. Toda persona, siendo español y mayor de 18 años, puede votar y sólo cuando aparecía la discapacidad se determinaba el grado de discernimiento, eso nos parecía discriminatorio", cuenta el presidente de CERMI.
Hoy triunfa su lucha para participar en algo que define a la ciudadanía: votar.