El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, llevará al Tribunal Constitucional las leyes del PP y Vox en contra de la ley de Memoria Democrática. Este lunes Torres ha comparecido para explicar el informe que llevarán ante el Alto Tribunal para denunciar las leyes de la 'concordia'. El PP, por su parte, considera que es una estrategia del Ejecutivo para "desviar la atención de otros temas".
La comunidad de Aragón ha sido la primera en derogar una ley autonómica de memoria democrática. La impulsó el Gobierno socialista de Javier Lambán y ha durado poco más de una legislatura. El Partido Popular y Vox la eliminaron el pasado mes de febrero.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias de las leyes del PP y Vox en contra de la ley de Memoria Democrática? En la proposición de ley de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo de Castilla y León, no hay ni rastro la palabra "dictadura", ya que hablan simplemente de "franquismo".
Además, según exponen en el texto, pretenden obligar a todas las asociaciones a ser de todas las víctimas. Es decir, que por ejemplo, una asociación de víctimas de la represión franquista en Ávila no sería reconocida porque solo lo van a hacer las asociaciones que sean de todas las víctimas, y no aquellas de la represión franquista.
Por su parte, en el texto de la Comunidad Valenciana llama la atención cómo igualan a las víctimas, como si no hubiera habido demócratas y franquistas.
En el Gobierno de Aragón eliminan los mapas de fosas. Esto va a dificultar de forma extrema las exhumaciones. Es más, retiran los lugares de memoria y suprimen una disposición sobre homenajes a personas asesinadas en campos de concentración nazis.
También están en peligro las subvenciones para quienes, en definitiva, no se plieguen a reinterpretar la historia como ellos la imponen.