La enmienda que plantea Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para cambiar eldelito de malversaciónde caudales públicos establece que las condenas más altas vayan destinadas a las personas que se beneficien personalmente del delito, con hasta ocho años de cárcel, y hasta cuatro años e inhabilitación cuando no se hayan lucrado con el desvío de fondos, según el texto registrado telemáticamente este viernes en el Congreso de los Diputados, día en el que vencía el plazo para presentar las enmiendas.

Aprovechando la tramitación de la reforma exprés de la sedición en el Código Penal, ERC pretende modificar también el delito de malversación y su propuesta tendría como consecuencia inmediata una rebaja de pena para los independentistas condenados.

En la actualidad, rige la reforma del Código Penal del gobierno de Mariano Rajoy de 2015 que prevé penas de hasta ocho años por malversar, pero sin diferenciar entre en un enriquecimiento personal y la mala gestión del dinero público. Ahora, los independentistas plantean una vuelta al estado anterior del Código Penal, ya que consideran que "equipara indebidamente" ambos comportamientos.

El objetivo de ERC con esta reforma es "avanzar en la desjudicialización de la vida social y política", así como "limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir al movimiento independentista", según manifestaron fuentes del partido. Unidas Podemos no presentará enmiendas sobre malversación.

Beneficia a los condenados por el 'procés'

Lo que hace ERC con esta reforma es beneficiar a los condenados por el procés, incluso a los no condenados aún como Carles Puigdemont, explica Alfonso Pérez Medina, periodista de laSexta experto en Tribunales, al eliminar uno de los delitos por los que fueron condenados.

La reforma elimina uno de los tipos de malversación, la de administración desleal de fondos públicos, que refleja el 432.1 del Código Penal. Para ERC, con este cambio se despenaliza por completo esa interpretación de malversación por la que fueron juzgados y sus penas quedarían a cero.

Sin embargo, hay debate con la misma redacción de la enmienda, pues el PSOE considera que podría llevar a rebajas de penas, pero no a despenalización absoluta, anota Medina. El PSOE cree que los actos del procés sí podrían incluirse en la redacción del 432 bis que también añade ERC, que habla de la malversación para "usos particulares y ajenos a la función pública". La enmienda atribuye a este caso pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.

Exactamente, el artículo añadido dice lo siguiente: "La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años". La redacción final de dicha enmienda será clave para fijar la interpretación que pueda darse a futuro; según está, de momento ya está suscitando diferencias. Por otro lado, remata Medina, estos cambios no deberían afectar a José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso ERE con el artículo 432.2, que remite al artículo de apropiación indebida.

El Gobierno no contempla "ninguna relajación" de las penas

Ante la previsión de esta enmienda, el resto de partidos se han manifestado a lo largo de la semana. La vicepresidenta segunda delGobierno español, Yolanda Díaz, afirmó este jueves que Unidas Podemos no va a presentar enmiendassobre el delito de malversación.

Por su parte, la parte socialista del Gobierno asegura que no apoyará nada que suponga rebajar penas de corrupción. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este jueves que no habrá "ninguna relajación" de las penas en la lucha contra la corrupción en la posible reforma del delito de malversación dentro del cambio del Código Penal con la que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere suprimir el delito de sedición.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asistió a una reunión de ministros europeos de Interior, Marlaska pidió "esperar a que cualquier posibilidad de enmienda se presente" antes de que concluya el plazo para ello este viernes, pero ha querido dejar "muy claro" que el Gobierno no contempla "ninguna relajación" en la lucha contra la corrupción.

Un discurso que ha repetido todo el elenco socialista del Gobierno a lo largo de toda la semana y que ha vuelto a repetir Patxi López en la rueda de prensa en la que ha dado los detalles de las enmiendas del PSOE. López ha asegurado que no apoyarán nunca "la despenalización que permitas vías indirectas de enriquecimientos a través de terceros".

"El regalo de Sánchez a los independentistas"

Mientras que desde el PP han criticado que se va a producir "una cadena de revisión de condenas". El vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, ha alertado sobre "personas condenadas en casos muy conocidos que se van a beneficiar del regalo que Sánchez quiere hacer a los independentistas".

Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, asegura que estas reformas "se escriben al dictado de quienes atacaron el orden constitucional" y denuncia que se llevan de forma exprés para que no haya debate. Presentarán por ello recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha criticado incluso el momento escogido para presentar la enmienda, "en medio de las fiestas con nocturnidad y alevosía". Palabras más fuertes ha utilizado contra Pedro Sánchez, al que acusa de estar dando un autogolpe y de ser un "aprendiz de dictador" al que hay que frenarle los pies con una movilización política y social, dice.

Desde Vox, Santiago Abascal insiste de nuevo en que "ha llegado el momento de presentar una nueva moción de censura". Dice el líder dela formación de extrema derecha que hablarán con otros partidos para buscar un "candidato neutral".

Críticas desde el PSOE

Desde el Partido Socialista se han producido distintas críticas, como las de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, quien ha criticado que los independentistas quieren un código penal con nombres y apellidos". Mientras que el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha advertido: "Con dinero público cero bromas. A los corruptos ni un día menos de prisión, ni a los del PP de Madrid, ni a los del PSOE, ni a los catalanes". Por su parte elsecretario general del PSOE en Castilla y León, Juan Tudanca, ha manifestado: "No me parece un buen camino y espero que no se produzca. Que cualquier reforma del Código Penal no beneficie a los corruptos".

Pena máxima de 4 años para Junqueras

Si finalmente se aprueba la enmienda y se elimina la sedición, la pena máxima de inhabilitación para el presidente de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado durante 13 años, rebajaría esa pena a 4 años. Cabe destacar que de ser así podría presentarse a las próximas Elecciones Generales, ya que cumpliría su pena para 2023.

Algo similar ocurriría con el presidente del grupo republicano, Josep Maria Jové, que será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por prevaricación y malversación, por el 1 de octubre de 2017. También con el investigadoLluís Salvadó. Según los expertos consultados por laSexta, parece difícil demostrar que realizaran un uso particular de los fondos públicos y por tanto que sean condenados.