La propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Úrsula Von der Leyen, habla de "contribución solidaria" de las empresas energéticas, un bonito eufemismo para llamar al impuesto que propone el Ejecutivo comunitario que gravará el 33% de sus beneficios extraordinarios por la actual subida desmesurada de precios.
El presidente del PP europeo, el alemán Manfred Weber, defendió la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el cual llegó a calificar de especulador, y valoró positivamente el paquete de medidas presentado ayer durante el Debate sobre el Estado de la Unión Europea en Estrasburgo (Francia).
Pero los anuncios de ambos líderes conservadores llegaron menos de 24 horas después de que la formación en España, que preside Alberto Núñez Feijóo, votaraen contra de admitir a trámite la propuesta de ley del Gobierno que permitirá crear ese tributo y el de los beneficios extraordinarios de la banca en nuestro país.
El papel del Gobierno en la Unión Europea, que ha liderado el debate energético y ha marcado el paso a las medidas que después han adoptado los Veintisiete, ha descolocado al PP. Primero a Pablo Casado y, desde abril, a la dirección de Feijóo, que ahora se halla enredada en la justificación para defender, por un lado, las iniciativas que ahora pide Bruselas y, por otro,oponerse a las mismas en nuestro país.
"El impuesto del Gobierno de España y la tasa de la UE son absolutamente distintas", defendió ayer mismo en El Objetivo de Ana Pastor, en esta cadena, el propio Feijóo. Esto es, argumentó el líder popular, porque el Ejecutivo comunitario propone gravar "beneficios extraordinarios" y la proposición de la coalición pone el foco en la facturación de las compañías energéticas. "Es una diferencia sustancial entre lo que propone Europa y el Gobierno de España", sostuvo.
Pero el espíritu es el mismo. La medida de la Comisión Europea pretende recaudar 140.000 millones de euros provenientes de estas ganancias 'extra' y de limitar los conocidos como "beneficios caídos del cielo" de las energías renovables para crear un fondo que ayude a los más vulnerables. "Los beneficios se tienen que compartir y redirigir a los que más lo necesitan", argumentó Von der Leyen.
Sin embargo, la propuesta presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos pone el foco en la facturación extra, en los ingresos, para que las energéticas no puedan evadir el pago con maniobras como aprovisionamientos financieros en sus beneficios. Además, todo esto va al fondo común de Hacienda que está financiando todas las medidas sociales, como los abonos transporte gratis en Renfe.
"Nuestra opinión no es que el Estado siga recaudando, sino que esas tasas que les pedimos a las energéticas vayan directamente a recibo de los clientes", aseveró Feijóo, que dijo que apoyaría la propuesta si el Gobierno calca la de la UE.
En La Moncloa hacen una lectura diferente de este asunto y ponen el foco en las contradicciones del PP. Fuentes del Gobierno a esta cadena apuntan que "el espíritu de la propuesta española" está en lo anunciado por Bruselas y señalan que la entrevista del político en laSexta fue "trágica" para el popular que volvió a demostrar ser "insolvente".
Y también Moncloa envió un argumentario recogiendo las declaraciones populares en los últimos meses de los populares, que han llegado a hablar de "el mayor populismo en política económica y fiscal de Europa" que "no encaja en un país de la UE" (Feijóo) o que "parece que pasamos del peronismo al 'pedronismo'" (Cuca Gamarra, la 'número dos' de la formación).
"Es un orgullo que Europa se inspire en las propuestas de España, que protegen a la mayoría social y clases trabajadoras, para seguir luchando contra la crisis energética provocada por Putin", tuiteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El PP se está quedando solo en Europa y en España", ha sentenciado, por su parte, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
El aval de Bruselas a la política energética de Sánchezdeja descolocado al PP de Feijóo, que ha llegado a anunciar queeliminaría la llamada "excepción ibérica", ese tope al precio del gas que se utiliza para la fabricación de electricidad y que, de acuerdo con cálculos del Gobierno, ha permitido ahorrar 2.300 millones de euros a los consumidores.