El líder del Partido Popular, Pablo Casado, pidió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijera en un comunicado que no había sido investigada por el partido en relación al polémico contrato de su hermano a cambio de levantarle el expediente. Es lo que fuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid han asegurado a laSexta que pasó durante la reunión secreta que ambos líderes mantuvieron este viernes para poner fin a la última crisis del partido desatada esta semana.

Un encuentro, calificado de "infructuoso" este mismo sábado desde las filas de la presidenta regional, que fracasó en la intención de marcar un punto y aparte en la tensa relación entre ambos dirigentes populares y que saltó por los aires en la noche del miércoles. En la noche del 16 de febrero, se desveló una supuesta operación de espionaje iniciada desde Génova para investigar presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público del Gobierno madrileño por valor de 1,5 millones de euros a la empresa de un amigo del hermano de Ayuso.

Según explicó Casado en una entrevista horas antes de su reunión con Ayuso, todo comenzó cuando recibió una 'información', meses atrás, que incluía los datos fiscales y bancarios del hermano de la presidenta. Junto con esta información, aportó una cifra relacionada con los cobros: 286.000 euros, "un importe suficientemente relevante para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias". A pesar de que precisó durante esa entrevista que no estaba acusando a la dirigente popular de nada, sino "preguntando", sí exigió aclarar si la presidenta influyó en el contrato firmado.

"La ley del año 95 no permite contratar con familiares", recordó Casado, dejando caer además que 'Priviet Sportive', la compañía que firmó ese polémico contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid, pudo haber funcionado como una tapadera para que no apareciera por ningún lado el nombre de Tomás Díaz Ayuso. Sus declaraciones apuntaban a una ruptura definitiva de las relaciones con Ayuso, una idea que ya apuntaló la presidenta, cuando dejó de morderse la lengua y atacó a la cúpula: "Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca podría imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí".

Y en este punto, insistió: "No hay nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidad de gobierno, de corrupción, y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que no tiene nada que ver con la vida política". A estas palabras respondió Génova, anunciando, vía Teodoro García Egea, que los servicios jurídicos del partido están estudiando si proceden acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante las "acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra el presidente Pablo Casado y la dirección nacional.

Asimismo, se aclaró que se abriría un expediente informativo a la presidenta para "culminar las averiguaciones que se han llevado a cabo". "Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas", aseguró García Egea, recalcando que "se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime de rectitud y lealtad". Poco después, la presidenta de la Comunidad de Madrid expuso un comunicado en el que reconocía que su hermano envió a la empresa cuatro facturas en 2020, el año que se gestionó ese contrato.

Eso sí, negó que su hermano cobrara una "comisión". En el documento, dice así: "La factura a 'Priviet Sportive' no es una comisión por obtener el contrato de la administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación". En este sentido, llama la atención que en el comunicado niega que sea una comisión, pero en una entrevista radiofónica ha usado la palabra 'comisión' cuatro veces.